Durante más de catorce años he venido escribiendo de manera insistente sobre la urgencia de adoptar medidas firmes para detener la extracción de materiales en los cauces de los ríos, la práctica indiscriminada de verter desechos tóxicos en sus aguas, la construcción de viviendas en sus márgenes, el cultivo intensivo de frutos menores en zonas montañosas y la tala de árboles en áreas legalmente protegidas.
Esta combinación de acciones irresponsables ha acelerado el deterioro de nuestros ecosistemas hídricos y forestales, comprometiendo seriamente el futuro ambiental del país. Ha pasado el tiempo y lucen insuficientes los esfuerzos del gobierno.
A nivel global, las principales potencias económicas están conduciendo al planeta por un camino de difícil retorno. El calentamiento global, la contaminación del aire y de las aguas, la deforestación masiva y la explotación irracional de los recursos naturales han generado una crisis ambiental sin precedentes, que amenaza la vida en la Tierra.
La República Dominicana no es ajena a esta realidad: el nivel de degradación, desaparición y contaminación de nuestros ríos, acuíferos y del aire que respiramos resulta cada vez más alarmante.
De acuerdo con estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el país existen más de 1,600 fuentes acuíferas identificadas, de las cuales más de 400 se encuentran agotadas o severamente degradadas, lo que representa alrededor del 35 % del total. Muchos de estos acuíferos solo logran reactivarse temporalmente durante períodos de lluvias intensas.
Asimismo, se han identificado 108 cuencas hidrográficas, de las cuales 97 drenan directamente hacia el mar, arrastrando consigo sedimentos, contaminantes y residuos sólidos sin ningún tipo de tratamiento previo.
Las lluvias registradas a inicios del año 2026 ofrecen una oportunidad histórica para que el Estado impulse políticas reales de protección, restauración y reforestación de áreas que ya se consideraban prácticamente perdidas.
La degradación ambiental no es una abstracción estadística; tiene rostro, memoria y dolor. Recuerdo con nostalgia el río de mi comunidad, en Pedro Corto, donde me bañaba siendo apenas un niño. Hoy, al pasar por su antiguo cauce, no quedan ni las piedras ni señales claras de que allí existió un río. También recuerdo el charco El Tocón, en el río San Juan, en la región de la Mesopotamia sanjuanera, tan caudaloso que nuestros padres se angustiaban cuando sabían que nos habíamos ido a bañar sin permiso. Hoy, el río San Juan puede cruzarse a pie, y eso que no estamos hablando del río Masacre.
En la actualidad, se estima que más de 55 ríos han desaparecido en el territorio nacional y que más del 90 % de los que aún existen han visto reducido drásticamente su caudal. Muchos están altamente contaminados y sus aguas ya no son aptas para el consumo humano. Se observan cauces llenos de basura, desprovistos de cobertura boscosa, rodeados de asentamientos humanos precarios, donde se vierten aguas residuales sin plantas de tratamiento, desechos industriales y cloacas a cielo abierto.
Todo ocurre ante la mirada impotente de una sociedad que presencia, casi en silencio, el entierro progresivo de sus ríos.
Ríos emblemáticos como el Ozama, Isabela, Haina, Higuamo, Nigua, Yubazo, Nizao, Sanate, Mijo, San Juan, Yaque del Norte, Yaque del Sur y el Yuna se encuentran en distintos grados de agonía. Mueren por la contaminación de sus aguas, por la extracción descontrolada de agregados para la construcción, por la deforestación, el hacinamiento humano en sus riberas y la ausencia de políticas efectivas de encauzamiento y saneamiento. De no enfrentarse esta realidad con decisión, la República Dominicana corre el riesgo de convertirse, paradójicamente, en una isla rodeada de agua pero sin agua potable.
A escala internacional, las grandes naciones han superado con creces los niveles de contaminación recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que establece un límite de 25 microgramos por metro cúbico para partículas finas (PM2.5). En muchas ciudades industriales del mundo, los niveles superan ampliamente los 390 microgramos, afectando gravemente la salud pública. El ranking de países con mayores niveles de contaminación ambiental incluye a China, Estados Unidos, Rusia, India, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, Irán y Brasil, según informes del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Santo Domingo, ciudad asentada entre los ríos Ozama, Isabela y Haina, enfrenta una situación crítica. La mayor parte de las aguas residuales de la capital se descargan directamente en estos ríos: cloacas, grasas de cocinas, lavaderos de vehículos, desechos hospitalarios, aguas negras de cañadas y residuos industriales. Esta contaminación afecta no solo las aguas superficiales, sino también las aguas subterráneas y los litorales marinos, generando un impacto directo en la salud de la población y en los ecosistemas costeros.
La responsabilidad es colectiva, pero el Estado tiene un deber ineludible de regular, fiscalizar y sancionar. Los crímenes contra el agua deben castigarse con sanciones económicas severas y penas privativas de libertad, conforme a lo establecido en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. La degradación ambiental está afectando de manera directa la calidad de vida de las familias dominicanas y negando el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano.
El agua se contamina cuando arrojamos basura en los ríos, cuando utilizamos detergentes y químicos sin control, cuando vertemos pesticidas y fertilizantes agrícolas, y cuando liberamos productos inorgánicos como petróleo, aceites, gasolina, plásticos y metales pesados. Sin agua limpia no hay vida: con ella bebemos, cocinamos, cultivamos, limpiamos y sobrevivimos.
Cuando el agua se vuelve tóxica, las consecuencias son devastadoras. Se propagan bacterias, virus y parásitos que provocan enfermedades como dengue, leptospirosis, paludismo, infecciones gastrointestinales, afecciones respiratorias y daños crónicos a la salud.
La Organización Mundial de la Salud advierte que millones de personas mueren cada año en el mundo por enfermedades relacionadas con el consumo o el contacto con agua contaminada.
En la República Dominicana, ríos como el Higuamo —rodeado por más de 30 industrias—, el Ozama, el Isabela y el Yaque del Norte figuran entre los más contaminados, mientras que el Nigua, el Nizao y el Camú han sido severamente depredados por la extracción de materiales. Esta realidad guarda similitud con casos extremos a nivel mundial, como los ríos Ganges (India), Citarum (Indonesia), Huai (China) y el Mississippi (Estados Unidos), símbolos del colapso ambiental provocado por la actividad humana sin control.
Todavía estamos a tiempo. Es imprescindible prohibir de manera efectiva la extracción de materiales en los ríos, impedir el vertido de basura y aguas residuales sin tratamiento, frenar la tala ilegal, prohibir los cultivos inadecuados en zonas montañosas y modernizar los sistemas de riego agrícola, sustituyendo la inundación por tecnologías de riego por goteo. Asimismo, se requiere una política seria de movilidad sostenible, fortalecimiento del transporte colectivo y un programa permanente de educación ambiental que forme ciudadanos conscientes del valor del agua.
Salvar los ríos es salvar la vida. La República Dominicana aún puede hacerlo, pero el tiempo se agota.
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