El perjurio policial de un segundo teniente implica un golpe a la fe pública
La justicia en La Romana ha sentado un precedente crítico contra la impunidad interna en las filas del orden. La jueza Margarita Cristo Cristo dictó dos meses de prisión preventiva contra el segundo teniente Franklin Rodríguez Rondón, procesado por el delito de perjurio.
El oficial, quien debía actuar como pieza clave del Ministerio Público en un juicio por un ataque a tiros ocurrido en 2020, optó por la desmemoria selectiva y el engaño bajo juramento, traicionando su deber constitucional de decir la verdad.
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Traición al uniforme azul
El caso que originó la investigación se remonta a la pandemia de COVID-19, cuando el imputado Josué Mercedes, alias «Vigilito», disparó contra una patrulla supervisada por Rodríguez Rondón tras violar el toque de queda.
Aunque en etapas previas el oficial identificó sin dudas al agresor, durante la audiencia del pasado 19 de febrero de 2026, cambió radicalmente su versión. Ante el tribunal, afirmó falsamente no conocer al acusado ni recordar el incidente, una maniobra que resultó en una sentencia absolutoria inicial a favor del atacante.
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Evidencias de una mentira
El fiscal John Mota Javier desarticuló la coartada del oficial presentando pruebas contundentes de que Rodríguez Rondón mintió deliberadamente.
El expediente detalla cómo el procesado negó incluso conocer al cabo que le acompañaba el día del tiroteo, a pesar de las actas procesales que firmó anteriormente.
Esta conducta obligó a las autoridades a ejecutar su arresto el 18 de marzo, bajo la orden judicial 2026-AJ0016335, al considerar que su falso testimonio fue una herramienta diseñada para obstruir la justicia y beneficiar a un delincuente.
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Consecuencias del falso testimonio
El segundo teniente cumplirá la medida de coerción en el centro de Operaciones Especiales en Manoguayabo. Mientras tanto, el Ministerio Público anunció que apelará la libertad de «Vigilito», la cual fue obtenida mediante el engaño del oficial.
Este proceso subraya la urgencia de depurar las instituciones, recordando que el perjurio no solo es una falta ética, sino un crimen que socava los cimientos del sistema judicial y deja a la sociedad desprotegida frente a la criminalidad.
