El Congo acogerá a algunos migrantes en el marco de un nuevo acuerdo del programa de terceros países de la Administración Trump, según informó el 5 de abril su Gobierno, convirtiéndose así en el último país africano en recicbir a deportados deportados de Estados Unidos.
Los deportados comenzarán a llegar al Congo este mes, según indicó el Ministerio de Comunicaciones congoleño en un comunicado, sin dar más detalles sobre la fecha ni el número de deportados previstos.
Describió el acuerdo como «temporal» y reflejó el «compromiso del Congo con la dignidad humana y la solidaridad internacional». Afirmó que no supondría ningún coste para el Gobierno, ya que Estados Unidos se haría cargo de la logística necesaria.
Estados Unidos ha firmado acuerdos de deportación a terceros países de este tipo con al menos otras siete naciones africanas. Muchas de ellas están entre las más afectadas por las políticas de la administración Trump que han restringido el comercio, la ayuda y la migración.
El Gobierno de Trump ha gastado al menos 40 millones de dólares para deportar a unos 300 migrantes a países distintos de los suyos, según un informe publicado recientemente por el personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Abogados y activistas han planteado dudas sobre la naturaleza de los acuerdos con países de África y otros lugares.
Varias de las naciones africanas que han firmado este tipo de acuerdos tienen gobiernos notoriamente represivos y un historial deficiente en materia de derechos humanos, entre ellas Esuatini, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Un punto clave de controversia en muchos de estos acuerdos es que afectan a numerosos migrantes que cuentan con órdenes de protección de un juez de inmigración estadounidense para no ser devueltos a sus países de origen, debido a graves preocupaciones de seguridad.
El Gobierno del Congo afirmó que no está prevista ninguna transferencia automática de los deportados, y añadió: «Cada situación será objeto de una revisión individual de conformidad con las leyes de la República y los requisitos de seguridad nacional».
