La mayoría de los países aplican el derecho de suelo.
La ciudadanía por nacimiento, también conocida como ius soli (o derecho de suelo), es un principio legal que concede automáticamente la nacionalidad a cualquier persona nacida dentro del territorio de un país, independientemente de la que tengan sus padres. Contrasta con el ius sanguinis (derecho de sangre), en el que ese beneficio se hereda de los padres.
La mayoría de los países aplican el derecho de suelo. Es el caso de Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Dominica, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana. Otros lo aplican condicionado, requiriendo que, al menos, uno de los progenitores tenga residencia legal o ciudadanía, o que el niño cumpla ciertos años de residencia. Sucede en Francia, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Portugal, España, Luxemburgo y Malta, Israel, Irán, Malasia, Tailandia, Camboya y Pakistán, Marruecos, Namibia, Sudáfrica, Túnez y Guinea-Bisáu, Australia y Nueva Zelanda.
En lo que concierne a Norteamérica, millones de niños serían afectados, sobre todo más de 250,000 nacidos cada año, si prospera la solicitud impulsada por el presidente Donald Trump ante la Corte Suprema de limitar o eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados y a residentes legales temporales. Se recuerda que la primera firma que el gobernante estampó, el día que regresó a la Casa Blanca, fue para dar por concluido el reconocimiento espontáneo como ciudadanos estadounidenses de los niños nacidos de inmigrantes en condiciones migratorias ilegales. Incluso amenazó con hacerlo mediante acción ejecutiva, pero la orden ejecutiva fue rechazada sistemáticamente por tribunales federales; pero ahora la iniciativa presidencial está en la cancha de la Corte Suprema y varios jueces no simpatizan con la idea.
Como era de esperarse, ese asunto ha desatado un intenso debate jurídico, político y social. Este derecho, consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución norteamericana, establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. ¿Qué pasaría entonces con esos niños? ¿Los repatriarán? ¿Quitarían también la ciudadanía a los padres que cuentan con residencia permanente? De quitarse ese derecho, los hijos de indocumentados figurarían como apatridias.
Ese cambio provocaría delicadas situaciones jurídicas y legislativas para definir quién califica como ciudadano, según han expresado algunos especialistas, pues se requeriría probar el estatus legal de los padres al momento del nacimiento. Además, la decisión del tribunal supremo en este sentido (los está evaluando) podría intensificar la polarización política y convertirse en un eslabón para futuras elecciones. La respuesta, de acatarse la propuesta de Trump, redefiniría los principios fundacionales de una nación basada en la inmigración y la igualdad ante la ley. Es lo que dicen los especialistas.
Un detalle interesante: Por primera vez en décadas, son más los inmigrantes que abandonan Estados Unidos que los que llegan, lo que constituye un primer indicio de que la estrategia de línea dura contra la migración del presidente Donald Trump está haciendo que la gente se marche, ya sea por deportación o por elección propia. Un análisis de los nuevos datos del censo publicado por el Centro de Investigaciones Pew, una organización no partidista, reveló que entre enero y junio, la población de personas nacidas en el extranjero que viven en Estados Unidos (tanto residentes con permiso legal como quienes no son inmigrantes autorizados) disminuyó en casi 1,5 millones. En junio, el país albergaba a 51,9 millones de migrantes, frente a los 53,3 millones de seis meses antes. (Fuente: periódico The New York Times, 22 de agosto de 2025).
Una decisión de ese tipo, quitar la ciudadanía, si se acata, acabaría con la práctica de mujeres migrantes de radicarse en Estados Unidos con la intención de tener hijos y obtener la nacionalidad estadounidense. Naturalmente (eso hay que entenderlo), cada país está en el derecho de aplicar las reglas migratorias que crea conveniente, sin dejar de reconocer que los inmigrantes son un aval importante para el desarrollo de la economía de los países, sobretodo porque realizan el trabajo que los nativos se niegan a hacer. Por lo tanto, ellos constituyen un activo laboral de primer orden. En este entramado existe algo a tener en cuenta: Trump ha sido muy coherente en su política anti inmigrante.
