El autor es ingeniero civil. Reside en Santo Domingo
Recientemente estuve en uno de los 235 distritos municipales que tiene nuestro país y conversando con lugareños salió a relucir el tema referente al hecho de que un significativo porcentaje de nuestra población no tiene acceso a servicios sanitarios.
Mientras la República Dominicana exhibe cifras macroeconómicas alentadoras y proyectos de infraestructura de alto impacto, en vastas zonas rurales y distritos municipales existen hogares, escuelas y comunidades enteras sin acceso a baños dignos, dependiendo de letrinas precarias o, peor aún, de la defecación al aire libre.
Un 10.2 % de los hogares dominicanos aún usan letrinas como su principal servicio sanitario, y un 2.8 % no tienen ningún servicio sanitario formal, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Esta situación se agrava en áreas rurales, donde la pobreza estructural, la dispersión poblacional y la débil inversión pública convergen para perpetuar un problema que no es solo de infraestructura, sino de dignidad humana y salud pública.
La falta de saneamiento básico no es un asunto menor ya que está directamente relacionada con enfermedades gastrointestinales, parasitosis, contaminación de fuentes de agua y ausentismo escolar.
En el caso de las escuelas rurales, el uso de letrinas refleja una realidad de que durante largos años se ha ignorado que los alumnos deben tener un entorno mínimo que garantice condiciones saludables para aprender. Educar sin saneamiento es educar a medias.
Resulta aún más preocupante que esta realidad persista incluso en distritos municipales formalmente constituidos, con autoridades electas y presupuestos asignados.
Esto revela una falla estructural en la priorización del gasto público y en la planificación territorial, ya que el saneamiento rural sigue siendo tratado como un tema secundario, cuando en realidad es uno de los pilares del desarrollo sostenible y del cumplimiento de los derechos fundamentales.
El Estado dominicano ha asumido compromisos internacionales en materia de agua y saneamiento, pero la brecha entre el discurso y la vida cotidiana del campo sigue siendo escandalosa.
No se trata de megaproyectos ni de soluciones tecnológicamente complejas; se trata de voluntad política, coordinación interinstitucional y de reconocer que el progreso no puede medirse solo en carreteras o edificaciones, sino también en baños, agua limpia y salud comunitaria.
El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader no puede ignorar esta situación en la que una parte del país continúa viviendo en condiciones indignas.
El saneamiento básico no es un favor ni un lujo, sino una deuda social pendiente que el Estado debe saldar si aspira a un desarrollo verdaderamente inclusivo.
jpm-am
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