Defensa de fiscal acusado logra aplazar audiencia clave
SANTO DOMINGO.– El procurador adjunto Wilson Camacho dejó claro este martes que cualquier acto de corrupción respaldado por evidencias terminará en los tribunales, en una advertencia directa que se produce en medio del proceso judicial contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar sobornos.
Sus declaraciones se dieron a la salida de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se conocía la solicitud de medida de coerción contra el imputado. Allí, Camacho insistió en que la lucha contra la corrupción, especialmente dentro del sistema de justicia, no admite matices.
“La corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas que pueden existir”, afirmó. A su juicio, este tipo de práctica no solo erosiona la institucionalidad, sino que también pone en riesgo la seguridad jurídica, al convertir el derecho en un mecanismo susceptible de manipulación económica.
El funcionario sostuvo que la línea de actuación del Ministerio Público es firme. “No ocultaremos, no taparemos y no toleraremos ningún acto de corrupción”, reiteró, al tiempo que respaldó la postura de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien ha asumido una política de cero tolerancia frente a estos hechos.
El caso que ha puesto el tema en el foco público gira en torno a una investigación que, según explicó Camacho, sigue abierta. El expediente se basa en una operación de entrega controlada, previamente autorizada por un tribunal, en la que el fiscal ahora imputado habría recibido 10,000 dólares de una persona bajo investigación.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta acción formaba parte de una estrategia para documentar una presunta solicitud de soborno que buscaba alterar el curso de procesos investigativos. “Fue una operación diseñada para atrapar a una persona que estaba actuando al margen de la ley”, explicó el procurador adjunto.
Camacho subrayó que la investigación no se limita a ese hecho puntual. Indicó que el equipo de persecución continuará recabando pruebas para determinar si existieron otros episodios similares dentro del mismo esquema. “Vamos a procurar obtener evidencia de cualquier solicitud o entrega de sobornos que se haya hecho en este proceso”, afirmó.
En ese sentido, adelantó que el Ministerio Público seguirá avanzando hasta presentar una acusación formal, acompañada de todos los elementos probatorios que logren reunir. El proceso, dijo, apenas entra en una fase inicial.
El señalamiento contra Valdez Alcántara se enmarca, según la teoría del caso, en un delito de soborno. Las autoridades sostienen que el imputado habría intentado modificar decisiones dentro de investigaciones que estaban bajo su responsabilidad, lo que motivó la intervención directa del órgano persecutor.
Camacho destacó que tanto la inteligencia como la ejecución de la operación se realizaron desde el propio Ministerio Público, en un intento por frenar una conducta irregular que, según dijo, se estaba produciendo internamente.
Sin embargo, la audiencia de medida de coerción no pudo avanzar como estaba previsto. A solicitud de la defensa del fiscal, la jueza Ysis B. Muñiz Almonte decidió aplazar el conocimiento del caso para el viernes 10 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana.
La decisión no fue bien recibida por el Ministerio Público. Camacho manifestó su oposición al aplazamiento y consideró que la defensa ha tenido tiempo suficiente para preparar sus argumentos. “No hicieron las diligencias necesarias y ahora buscan retrasar el proceso”, sostuvo.
El funcionario estuvo acompañado por la procuradora de corte Carmen Alardo, quien también forma parte del equipo que sigue el caso.
Mientras tanto, la investigación está bajo la dirección directa de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien ha reiterado públicamente su compromiso de no tolerar actos de corrupción dentro de la institución.
Reynoso calificó el hecho como grave y recordó la responsabilidad que tienen los fiscales de perseguir el delito, no de participar en él. “Medimos con la misma vara a todos”, afirmó en declaraciones ofrecidas tras el arresto del imputado.
La magistrada aseguró que el Ministerio Público actuará para que se impongan sanciones ejemplares, no solo en este caso, sino en cualquier otro donde se comprueben prácticas corruptas.
El proceso contra el fiscal Valdez Alcántara se perfila como una prueba clave para la credibilidad del sistema de justicia dominicano, en un contexto donde las autoridades buscan enviar una señal clara: no habrá excepciones en la persecución de la corrupción, venga de donde venga.
