El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.
Entre mi círculo de allegados hay amigos a quienes aprecio y respeto, que defienden a rajatabla la llamada “Revolución Bolivariana” iniciada por Hugo Chávez en 1999. Lo hacen con la misma pasión de hace veinte años, como si el tiempo no hubiera pasado y como si los resultados no estuvieran a la vista del mundo.
Hoy, con Nicolás Maduro cerrando un capítulo amargo tras su caída en desgracia y con el poder sostenido por un esquema que muchos califican como régimen de facto, cuesta entender esa defensa sin un mínimo ejercicio de autocrítica. La historia no puede analizarse con consignas; exige memoria y responsabilidad.
Cuando Chávez llegó al poder prometió justicia social, soberanía económica y redención para los excluidos. Impulsó una agresiva política de estatizaciones en sectores estratégicos: petróleo, electricidad, cemento, siderurgia, banca y telecomunicaciones.
Durante los primeros años, el auge de los precios del petróleo permitió financiar un amplio gasto público y programas sociales que redujeron la pobreza y ampliaron el acceso a servicios básicos. Esa bonanza creó la ilusión de un modelo exitoso. Pero el espejismo estaba sostenido sobre una sola columna: el crudo.
Con el paso del tiempo, la combinación de expropiaciones, controles de precios y de cambio, desincentivo a la inversión privada y creciente dependencia petrolera comenzó a erosionar la estructura productiva.
Venezuela dejó de diversificar su economía y se hizo cada vez más vulnerable a los vaivenes externos. Cuando los precios del petróleo cayeron a partir de 2014, el edificio se desplomó. El país entró en una recesión profunda, el PIB se contrajo en alrededor de 70 % desde ese año y la inflación derivó en un proceso hiperinflacionario que pulverizó el salario real y el ahorro de millones de familias.
En el ámbito laboral, el desempleo tuvo altibajos en los primeros años, con picos tras el paro petrolero de 2002-2003 y descensos posteriores gracias a la expansión del empleo público.
Sin embargo, esa aparente estabilidad ocultaba una creciente informalidad y una caída sostenida de la productividad. A medida que se profundizó la crisis, miles de empresas cerraron, el sector privado se redujo drásticamente y el mercado laboral quedó distorsionado.
El resultado fue uno de los mayores éxodos contemporáneos en tiempos de paz: más de siete millones de venezolanos abandonaron su país buscando oportunidades y estabilidad.
En el plano político e institucional, las estatizaciones y el modelo económico se desarrollaron en paralelo con una concentración progresiva de poder en el Ejecutivo. Reformas constitucionales, control de los demás poderes del Estado y debilitamiento de los contrapesos institucionales marcaron el rumbo.
Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han documentado restricciones a la libertad de prensa, inhabilitaciones de dirigentes opositores, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza en manifestaciones. La polarización se convirtió en norma y el debate democrático se redujo.
Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó no solo el poder, sino también las fragilidades estructurales del modelo. Lejos de corregir distorsiones, su gestión profundizó la crisis económica y el aislamiento internacional.
La inflación se mantuvo en niveles de tres dígitos en los últimos años, la pobreza se expandió y los servicios públicos colapsaron en amplias zonas del país. Las denuncias de persecución política y encarcelamiento de opositores aumentaron, y la comunidad internacional cuestionó reiteradamente la transparencia de los procesos electorales.
El punto culminante de esa deriva fue el desconocimiento de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó resultados sin publicar actas completas ni auditorías independientes.
La falta de transparencia y la represión posterior agudizaron la crisis de legitimidad y colocaron al régimen en una situación de cuestionamiento interno y externo. Más allá de simpatías ideológicas, lo cierto es que Venezuela pasó de ser una de las economías más prósperas de América Latina a convertirse en símbolo de colapso institucional y humanitario.
Por eso, cuando escucho a mis amigos defender sin matices aquella revolución, no puedo evitar pensar que la lealtad política no puede estar por encima de los hechos.
Las ideas pueden ser nobles; los resultados, en cambio, son medibles. Y la historia de Venezuela en las últimas dos décadas no es una abstracción ideológica: es la historia concreta de millones de ciudadanos que vieron desmoronarse su país. La memoria histórica no es un ejercicio de revancha, sino una obligación para no repetir los mismos errores.
jpm-am
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