Integridad institucional y soberanía estratégica frente al narcotráfico hemisférico
El cierre “hasta nuevo aviso” de la oficina de la DEA en Santo Domingo, presentado por la embajadora de los Estados Unidos como una decisión de cero tolerancia incluso ante la percepción de corrupción, debe analizarse no como un hecho aislado sino como un síntoma de la complejidad actual de la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio. Más allá de sus implicaciones diplomáticas inmediatas, el episodio revela una verdad estratégica ineludible: en el combate contra el crimen organizado transnacional, la integridad institucional es tan determinante como la capacidad operativa.
La República Dominicana y el Caribe ocupan una posición geográfica estratégica dentro de las rutas marítimas y aéreas que conectan Sudamérica con Norteamérica y Europa. En este nuevo escenario, el narcotráfico ya no se limita al simple tránsito de sustancias ilícitas. Se ha transformado en un ecosistema criminal sofisticado que integra logística portuaria, lavado de activos, corrupción administrativa, redes financieras y estructuras empresariales de fachada. Por ello, la respuesta estatal no puede limitarse al decomiso de cargamentos o a operativos puntuales; requiere una política pública integral que domine el entorno completo donde opera el crimen.
La primera recomendación estratégica es asumir la integridad como doctrina de seguridad nacional. La confianza internacional en la cooperación antidrogas depende de la transparencia, la depuración y el control efectivo de las unidades sensibles del Estado. Se impone fortalecer los sistemas de control patrimonial, pruebas de confianza, rotación de personal en posiciones críticas como puertos y aeropuertos, protección a denunciantes y sanciones ágiles ante cualquier indicio de corrupción. Sin integridad institucional, cualquier cooperación externa se vuelve vulnerable.
En segundo lugar, es indispensable consolidar un sistema de inteligencia fusionada y soberana, pero interoperable con aliados estratégicos. La creación o fortalecimiento de centros de fusión de inteligencia que integren fuerzas antidrogas, aduanas, migración, autoridades marítimas, unidades financieras y Ministerio Público permitirá que la información fluya institucionalmente y no dependa de relaciones personales o coyunturales. La cooperación internacional debe estructurarse sobre protocolos formales que garanticen continuidad incluso ante eventuales reajustes diplomáticos.
Tercero, la política pública debe concentrarse en el control logístico de puertos, aeropuertos y fronteras marítimas. La inspección basada en análisis de riesgo, el escaneo inteligente de contenedores, la trazabilidad digital, la supervisión de operadores portuarios y la vigilancia marítima persistente son elementos esenciales. El narcotráfico moderno administra cadenas logísticas; por tanto, quien controle los nodos logísticos controla la capacidad de penetración criminal.
Cuarto, el seguimiento del dinero debe convertirse en eje central de la estrategia. El decomiso de cargamentos impacta, pero la incautación y recuperación de activos financieros desarticula estructuras. Se requiere fortalecer la identificación del beneficiario final real, supervisar sectores vulnerables como inmobiliarias y empresas de fachada, robustecer la Unidad de Análisis Financiero y garantizar la administración eficiente de bienes incautados. Sin cortar el flujo financiero, el crimen se reconstituye rápidamente.
Quinto, el Ministerio Público debe contar con unidades especializadas en macrocasos estructurales. El narcotráfico opera como empresa multinacional; por tanto, la persecución penal debe enfocarse en redes completas y no solo en eslabones aislados. Equipos multidisciplinarios con peritos financieros y digitales, protección a testigos y cooperación judicial expedita son condiciones indispensables para desmantelar estructuras complejas.
Sexto, el sistema penitenciario debe impedir que las cárceles se conviertan en centros de mando criminal. El control efectivo de comunicaciones ilícitas, la segmentación de cabecillas y la depuración del personal penitenciario son medidas críticas para evitar la reproducción del poder criminal desde el interior de los recintos carcelarios.
Séptimo, la política de reducción de demanda y prevención debe integrarse a la estrategia de seguridad. La diversificación hacia drogas sintéticas y nuevas sustancias exige vigilancia de precursores químicos, sistemas de alerta temprana y programas educativos sostenidos. Reducir el mercado interno también debilita el incentivo económico del tráfico.
Finalmente, la región caribeña y sudamericana debe avanzar hacia una coordinación práctica y ágil. Patrullaje marítimo conjunto, intercambio regional de información sobre embarcaciones sospechosas, equipos de investigación transnacionales y estándares comunes de control portuario fortalecerán la resiliencia colectiva frente al crimen organizado.
El episodio reciente no debe interpretarse como debilitamiento estructural de la lucha antidrogas, sino como advertencia estratégica. En el nuevo tablero hemisférico, la soberanía se defiende con instituciones limpias, inteligencia integrada, control financiero efectivo y dominio logístico del territorio. Si la República Dominicana y la región aprovechan esta coyuntura para fortalecer sus capacidades propias y profundizar una cooperación basada en estándares rigurosos, el resultado no será fragilidad, sino consolidación estratégica frente al narcotráfico transnacional.
