El Gobierno de México y la ONU entraron en un nuevo punto de fricción tras la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de llevar el caso mexicano a la Asamblea General, en medio de lo que el propio organismo describe como una crisis persistente en materia de desapariciones.
El informe del CED construye su diagnóstico sobre una década de información, con punto de partida en 2012, y valida sus hallazgos con el trabajo de campo realizado durante su visita a México en 2021. Su conclusión: «Indicios bien fundados» de que las desapariciones forzadas en el país operan como un fenómeno generalizado y sistemático, con elementos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, en muchos casos con la participación directa o la “aquiescencia” de autoridades en distintos niveles de gobierno (es decir, la tolerancia o la omisión del Estado ante patrones de desapariciones, aun teniendo conocimiento contextual de los mismos).
El análisis sitúa el agravamiento del fenómeno en el contexto de la «guerra contra el narcotráfico» iniciada en 2006 (en el Gobierno del conservador Felipe Calderón), y registra un repunte sostenido reciente: solo entre 2023 y 2025 se contabilizaron 28.880 nuevas desapariciones. A esta cifra se suma un escenario forense colapsado, con más de 72.000 cuerpos sin identificar y la proliferación de fosas clandestinas, indicadores que, para este comité de la ONU, refuerzan la existencia de patrones estructurales de impunidad.
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La reacción oficial no se hizo esperar. El documento fue calificado como “tendencioso”, con falta de “rigor jurídico”, “parcial” y “sesgado”, por el Gobierno mexicano, en un rechazo frontal que revela tanto una disputa semántica como un desacuerdo de fondo sobre la naturaleza de la crisis.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, cancillería), el Ministerio de Gobernación (ministerio de Interior), el Gobierno de Ciudad de México, el partido oficialista Morena (izquierda) y la misma presidenta Claudia Sheinbaum, entre otra docena de actores políticos afines al Gobierno, rechazaron el informe, argumentando que ignora avances desde 2019 y se centra en periodos pasados (2009-2017). Argumentan que México «no tolera, permite ni ordena» estas desapariciones y que el procedimiento no refleja la realidad actual.
El recién nombrado titular de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, subrayó: “Lo que estamos cuestionando son algunas caracterizaciones y algunas cuestiones del informe que nos parecen una extralimitación del comité».
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Lo que dice el Derecho
Desde la perspectiva del Derecho Internacional, la decisión del CED no es una sentencia —el comité no es un tribunal—, pero tampoco constituye una mera opinión académica. Se trata de una determinación técnica con «inmenso peso interpretativo y probatorio», basada en información aportada por el propio Estado mexicano, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y ONG, explica el experto Moisés Montiel.
El mecanismo activado —artículo 34 de la Convención para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada— opera cuando el comité identifica «indicios bien fundados» de patrones sistemáticos o generalizados. «No es vinculante en el sentido de que obligue al Estado a hacer A, B, C y D», aclara Montiel, «pero sí implica que el tema ha alcanzado un umbral superior de preocupación».
Este matiz jurídico choca con la narrativa gubernamental. Mientras Sheinbaum denuncia un «trasfondo político» detrás de la decisión del CED, el experto en Derecho Internacional subraya que el comité «es el intérprete autorizado de la convención»: su competencia para evaluar el cumplimiento de México deriva del tratado que el país ratificó voluntariamente. La tensión, dice, no radica en una extralimitación del organismo, sino en dos lecturas de una misma realidad.
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El debate sobre la tolerancia
En la joven historia del comité, cuya convención entró en vigor apenas en 2010, es la primera vez que activa el artículo contra un Estado.
El concepto que genera mayor fricción es el de «aquiescencia» o «tolerancia». Para el CED, no es necesario que agentes estatales ejecuten directamente las desapariciones para que exista responsabilidad internacional. Basta con que el Estado, teniendo conocimiento de patrones recurrentes, omita adoptar medidas efectivas para prevenirlos, investigarlos o localizar a las víctimas, detalla Montiel.
Bajo esta lógica, comenta, casos como el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán (Jalisco), descubierto por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en marzo de 2025, —donde autoridades locales podrían haber tenido información previa— configuran indicios de tolerancia institucional de la que refiere la CED.
“Si no estuviéramos actuando, si estuviéramos cruzados de brazos, si no nos importara una situación como esta, si no acompañáramos a las víctimas, si no hubiéramos hecho nada… pero ¿por qué no hay un reconocimiento de este Comité de expertos de lo que ha hecho el Gobierno de México?”, cuestionó Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria del 7 de abril.
Para Carlos López Buburrón, investigador de la universidad pública Colegio de México, “si bien no hay elementos de que el Estado mexicano o autoridades federales estén ordenando activamente desaparecer personas, hay elementos que muestran que hay particulares, organizaciones criminales que desaparecen a personas y sistemáticamente la autoridad sabe que eso está ocurriendo y generalizadamente decide no hacer nada o no está haciendo lo suficiente”.
«México tiene una grave situación de desaparición, tanto forzada como la cometida por particulares. Y, aunque haya esfuerzos, la situación sigue siendo muy amplia y no existe una política de prevención y erradicación», asegura López Buburrón. Según él, «México tiene una legislación ejemplar en la materia, pero es una legislación que no ha avanzado, que en la realidad no está operando».
En cuanto a las cifras, López Buburrón valida los datos del informe —más de 130.000 personas desaparecidas, 72.000 restos sin identificar— y añade un matiz crítico frente a la narrativa gubernamental: la desaparición es un «delito continuo» que no se extingue hasta que la persona aparece, por lo que atribuir los casos a Administraciones anteriores «no exime al Estado mexicano de su obligación de responder».
En una revisión reciente de los registros oficiales, el Gobierno de Claudia Sheinbaum concluyó que solo 43.128 casos —aproximadamente un tercio del total— corresponden a personas realmente desaparecidas. El resto son nombres de personas que volvieron a tener actividad después de ser reportadas o que se ingresaron con tan poca información que es imposible buscarlas. Con base en esto, Sheinbaum critica el informe del CED, asegurando que sus conclusiones se apoyan en muy pocos casos, de solo cuatro estados y de periodos anteriores a que su partido, Morena, llegara al poder en 2018.
En entrevista en medios locales, el abogado Santiago Corcuera, quien fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU de 2004 a 2010, comentó que “la decisión del comité ya está tomada. No hay modo de apelarla o recurrirla”.
Al ser consultado sobre la reacción a la decisión, comentó: “Ojalá que (el Gobierno) pudiera abandonar la primera actitud contenida en el comunicado tan agresiva. Abandonar esta situación improductiva e inútil de ponerse a discutir con un comité de las Naciones Unidas sobre cuestiones de interpretación jurídica o interpretaciones de situaciones de hecho”.
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De lo técnico a lo político: el salto a la Asamblea General
La activación del artículo 34 traslada el debate de un espacio técnico a uno eminentemente político. La Asamblea General de la ONU, máximo órgano deliberativo del sistema multilateral, no emite sentencias ni impone sanciones, pero sus resoluciones tienen un peso reputacional considerable.
«Se sale de la lógica técnica y se entra en una lógica política», advierte Montiel. En ese escenario, las alianzas diplomáticas y las simpatías ideológicas pueden influir más que los argumentos jurídicos. Estados con estrechas relaciones con México podrían respaldar la postura gubernamental, independientemente de la solidez técnica de los hallazgos del comité.
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Para López Buburrón, este hito representa un triunfo de la incidencia ciudadana, pero también una advertencia: «No es la panacea, es otra vía más, tal vez de las últimas que se tienen para solucionar una crisis de este tamaño».
Montiel advierte que el riesgo de esta politización es que el debate se desvíe de su propósito original: la protección de las víctimas. “Lo más terrible de todo esto, que la respuesta que ha dado el gobierno mexicano es que el gobierno se está defendiendo a sí mismo y la verdad en todo esto, dispararle al mensajero, deslegitimar al Comité, la pregunta es, ¿y dónde quedan las víctimas?”, aseveró.
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