Tras dos años de una investigación judicial que ha tocado fibras sensibles en la política española, un juez de Madrid acusó a la esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, de cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
El juez instructor, que descartó el delito de intrusismo por el que también se investigaba a Gómez, apunta a que la procesada utilizó su matrimonio con el presidente Pedro Sánchez para influir en autoridades y funcionarios a su beneficio.
El caso en el que enfatiza la acusación es la cátedra y máster que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que habría conseguido, según deslizó el juez, gracias a su vínculo con el presidente del Gobierno.
El magistrado Fernando Peinado remarcó en su escrito de casi 40 páginas el «cambio en la trayectoria profesional» de Gómez, después de que su esposo llegara a la Moncloa, sede del Ejecutivo. Incluso, se apoyó en la falta de estudios universitarios de la pareja del presidente para justificar su deliberación.
Con este dictamen del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, fechado el 11 de abril y publicado este lunes, se da por terminada la fase de investigación del proceso contra Gómez.
Así, el juez otorgó un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral —por un jurado popular— y presenten sus escritos de conclusiones.
La función del jurado popular es emitir un veredicto, que indica si está probado o no el hecho que se juzga y determinar la culpabilidad e inculpabilidad de cada acusado para que, a continuación, el magistrado que preside la sala dicte sentencia.
Cristina Álvarez, asesora de Gómez, será procesada por los mismos cuatro delitos, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés, quien se reunió varias veces con Gómez para el proyecto de la cátedra, deberá responder por los cargos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
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Cuatro imputaciones por aprovechar «su posición relacional»
El juez Fernando Peinado identificó indicios suficientes para procesar a Gómez por un delito de tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, una entidad que se financia con recursos públicos.
«Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado», sostuvo el juez, que se apoyó en el hecho de que Gómez haya programado algunos encuentros de trabajo en la Moncloa.
El magistrado defendió que desde que Sánchez asumió como jefe del Ejecutivo, a mediados de 2018, «se tomaron determinadas decisiones públicas» favorables a la cátedra de Gómez en la UCM y a su proyecto laboral «que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».
Sobre el cargo por corrupción, el juez apunta a Gómez como «la impulsora de la captación de fondos privados», no para la cátedra universitaria, sino para «su patrimonio personal».
Estos aportes, insiste Peinado, podrían ser una «retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada».
El magistrado justificó el procesamiento por malversación al considerar que Gómez y su asesora se beneficiaron de «tareas ajenas al cometido institucional del puesto» de la segunda, en alusión a los servicios de consultoría prestados por Cristina Álvarez, retribuidos con fondos públicos.
El magistrado cree asimismo que hay razones suficientes para juzgar a Gómez por apropiación indebida por registrar como propio el software desarrollado en esa cátedra, llamada de Transformación Social Competitiva.
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Acusaciones en el perímetro de la Moncloa
El proceso judicial contra Begoña Gómez no es el único caso de corrupción investigado dentro de la familia del líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y sus antiguos aliados.
El hermano del presidente, David Sánchez, fue imputado en una investigación aparte por presunto tráfico de influencias relacionado con su contratación por un gobierno regional.
Además, José Luis Ábalos, antiguo mano derecha de Sánchez y exministro de Transportes, fue juzgado este mes por supuestos sobornos vinculados a contratos públicos.
El origen de la acusación contra la esposa del presidente de Gobierno radica en una demanda interpuesta por la organización de extrema derecha Manos Limpias.
Otras organizaciones reaccionarias como Hazte Oír o el partido de extrema derecha Vox nutrieron la denuncia con el aporte de más querellas.
Tanto la Fiscalía como la defensa de Gómez han sostenido que la causa debe archivarse.
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Con información de EFE, AFP y medios locales.
