Solo una certeza hay en Perú luego de una jornada electoral extendida: la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori debe ser una de las opciones en el balotaje del 7 de junio, pero su rival todavía se baraja entre dos postulados, temores por la credibilidad de los resultados y la búsqueda de un responsable por las demoras en el cronograma.
El proceso tuvo que ser extendido un día más, luego de que centros de votación de tres distritos de Lima no recibieran el material electoral el domingo. Las más de 52.000 personas afectadas por el retraso tuvieron su oportunidad de ir a las urnas, mientras se buscaba una explicación a la demora que ha dejado a Perú en un limbo político.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Fernando Tuesta Soldevila, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), le explicó a France 24 que las dimensiones de la falla no fueron muy diferentes a la tendencia histórica de este tipo de incidentes, pero sí implicaron un perfil mucho más alto.
“Ese número pequeño de mesas están concentradas en tres distritos de Lima y eso lo hace más visible”, explicó Tuesta Soldevilla, quien validó la versión de que “los centros no recibieron el material que debía ser distribuido por un contratista privado” y advirtió que este tipo de hechos “tiene un impacto en la confianza en las instituciones”.
Pero no solo las fallas contribuyeron a retrasar el proceso, sino las características mismas de la elección, que enfrentaba a 35 candidatos a la Presidencia y definía un nuevo Congreso bicameral, con el Senado de nuevo en juego luego de 33 años de supresión, desde los tiempos de Alberto Fujimori.
“Esta es la votación más compleja que hemos tenido en la historia, y eso deriva en una cédula o boleta electoral más larga y confusa”, explicó Tuesta Soldevilla, quien vaticina que “va a haber muchos votos en blanco o nulos”.
Sin claridad para el 7 de junio
Con 60% del escrutinio completado, Keiko Fujimori confirmó su virtual clasificación al balotaje, con 16,88% de votos válidos, muy por debajo del 50% necesario para proclamar a un ganador en la primera fase, pero suficiente para tomar distancia de un segundo lugar mucho menos claro.
Los resultados publicados por la autoridad comicial, la ONPE, mostraban al exalcalde de Lima, el ultraderechista Rafael López Aliaga, con 13,88% de las preferencias y al centroizquierdista Jorge Nieto con 12,50%.
Un poco más lejos, aparecían el empresario y presentador de televisión Ricardo Belmont con 9,8% y el izquierdista Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú (el partido del expresidente Pedro Castillo) con 8,5%.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
Conteos rápidos encargados a empresas encuestadoras han mostrado escenarios diferentes a los que ahora reflejan los escrutinios oficiales.
En el de Ipsos, Sánchez aparecía ligeramente por delante de López Aliaga y Nieto, con opciones de disputar la segunda vuelta ante Fujimori, mientras que el de Datum da por sentado que los rivales serán la candidata de Fuerza Popular y López Aliaga.
Sánchez espera el recuento del voto rural, al que se confía para remontar el quinto lugar de los primeros escrutinios, y promete “recorrer todo el Perú, todos los pueblos para convocarlos a la refundación de la patria”, así como el indulto del encarcelado Castillo.
Para Fujimori, la clasificación en primer lugar no puede ser tomada como un augurio concluyente, porque ya ha perdido los balotajes frente a Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.
Intercambio de acusaciones
Los problemas en la distribución del material electoral se cobraron este 13 de abril su primera víctima. José Samame, director general de la ONPE, renunció luego asumir la responsabilidad de los retrasos y fue posteriormente detenido por la Policía, como parte de una investigación formal sobre los fallos.
El hecho de que los incidentes se hubieran presentado en Lima, que concentra aproximadamente un tercio del electorado, se convirtió en una amenaza muy seria para la credibilidad del proceso.
Nicholas Watson, analista de la consultora Tenero, le dijo a Reuters que con diferencias tan estrechas entre los cuatro candidatos con opciones para la segunda vuelta, los fallos logísticos pueden alimentar la narrativa del fraude.
«Cualquier candidato que quede a las puertas del segundo puesto podrá argumentar que se perdió una plaza en el balotaje debido a la incompetencia de la ONPE», explicó Watson.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
La ONPE había recurrido inicialmente a poner la culpa sobre la empresa Galaga, contratada para la distribución del material, pero luego Samame reconoció su responsabilidad.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por su parte, presentó este lunes una denuncia contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y contra otros tres funcionarios de la institución, por delitos contra el derecho de sufragio, así como por omisión, demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.
La JNE asegura que hubo una omisión por parte de la ONPE en la fiscalización de la capacidad logística a la empresa Galaga, y apela a «información pública» que revelaba que esa compañía no tenía las unidades de transporte suficientes para trasladar el volumen de material electoral.
Una extensión de tu navegador parece estar bloqueando la carga del reproductor de video. Para poder ver este contenido, debes desactivarla en este sitio.
El canal ‘Epicentro’ afirmó que una semana antes de las elecciones, la empresa había solicitado «400 furgonetas para operaciones de distribución en la capital» a través de sus redes sociales, pero luego borró la publicación.
Galaga también emitió su propio comunicado, asegurando que cumplió “estrictamente con las obligaciones establecidas” y exigiendo «las disculpas públicas necesarias» por parte de las entidades que emitieron acusaciones en su contra.
Según su versión, «el servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados» por la ONPE y “las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales” por parte de la empresa, sino “a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa”.
Con EFE, AP, Reuters y medios locales
