El autor es economista. Reside en Santo Domingo
POR OMAROY MÉNDEZ GARCÍA
El tema de la reforma fiscal sigue de manera continua en la agenda nacional, mucho más por el peso adicional que tendrán las finanzas nacionales en este 2026 al cumplirse el vencimiento en muchos de los compromisos asumidos internacionalmente, en que solo los intereses son iguales al 80% del capital que se tiene previsto llegar a vencimiento, es decir que en intereses debemos casi los mismo que del capital. Lo que hace que se vislumbre como uno de los años con mayor solitud de préstamos y endeudamiento.
El papel que juegan las MIPYMES dominicanas en un contexto de reforma fiscal es estratégico, representan más del 95% del tejido empresarial, generan alrededor del 40% del PIB y el 61.60% del total de empleos nacionales. El tomar en cuenta sus características y tipos en el diseño de la reforma, es primordial para ampliar la base tributaria y reducir la alta informalidad.
Su formalización fortalece la capacidad del Estado para poder financiar servicios públicos e incrementar el nivel de bienestar de los dominicanos. En contraposición a los costos asociados por la informalidad como debilidad institucional, precariedad laboral, menor recaudación tributaria, competencia desleal, falta de acceso a facilidades estatales, entre otras.
La informalidad es un fenómeno global y siempre existirá lo que es inaceptable que nos situemos como el país de América Latina con más bajo nivel de formalidad (14.8% del PIB). Situación ésta que nos lleva a reformular las políticas diseñadas para este sector de la economía.
Haciendo un análisis, y comparando varios países con relativos niveles extraordinarios de formalización podemos hacer mención como referente a Chile y Uruguay, donde crearon regímenes tributarios simplificados para microempresas, con tasas bajas y realización de trámites digitales fáciles. Corea del Sur, vinculó la formalización con acceso a financiamiento tecnológico y subsidios. Portugal usó la digitalización para reducir costos de cumplimiento y ofrecer beneficios inmediatos a quienes se formalizan.
Propuestas
Cada nación tiene realidad distinta que interiorizan los actores ligados a ellas, por tanto, realizamos propuestas para reducir la informalidad lacerante.
Primero, equidad tributaria, donde se escalone con tributo progresivo de acuerdo a facturación real, y evitando cargas desproporcionadas. Con cinco años de exención parcial. Segundo, formalización digital exprés con plataforma que combine registro mercantil, DGII, seguridad social, etc. Así como, apps telefónicas para declarar impuestos simplificados.
Tercero, incentivos inmediatos y tangibles para acceder a créditos especiales. Sumado a programas de compras públicas donde les paguen por adelantado y sanción contundente por incumplimiento, así como facilidades que permitan disminuir el porcentaje de la matriz de costos. Cuarto, integrar cadenas de valor donde medianas y grandes empresas que contraten micro y pequeñas empresas formalizadas reciban deducciones tributarias, creando presión positiva desde el mercado.
Quinto, seguro social con planes de cotización adaptados, tomando los ingresos y lo variable de ellos, que evite percibir la seguridad social como inasumible. Sexto, el aspecto reputacional al asociar formalidad con reconocimiento social y cultural, la cual certifique la empresa como “Empresa Formal Responsable”, con compañas que relacionen formalidad, prestigio y confianza.
Séptimo, adecuación laboral que vaya con el sector de micros y pequeñas, donde el Estado asuma un costo de desempleo determinado por año/empleo formal, quitando con ello presión a contratación y despido. Octavo, fomentar la reputación al crear compromisos que les permita al sector tener confianza en políticas emanadas del Estado y que no serán cambiadas las reglas del juego.
En síntesis, la clave no es castigar la informalidad, sino hacer la formalidad más atractiva y rentable a las MIPYMES, donde se vea como ventaja y no como carga. Y eso se logra con estrategias que fomenten la simplificación de procesos, reducción y adecuación de tasas impositivas, así como, facilidades preferenciales al mercado. Actualmente no se recibe un centavo como tributo directo de MIPYMES informales, por lo que las medidas anteriores solo suman.
De acuerdo a fuentes oficiales el Estado deja de percibir producto de la informalidad entre 2% y 3% aproximadamente como aporte del PIB, sumado a un costo de cubrir con financiamiento el déficit generado por informalidad que está entre 2% y el 4% del PIB, generando este un hoyo en las arcas del Estado que ronda entre 4% y 7% del PIB.
Con una segregación positiva del sector podemos ver particularidades en cada segmento de estas. En buen dominicano “no las metamos todas en el mismo saco”.
Fuentes de información: BCRD, DGII, CRESS, Informes del MICM, Informe Bco. Mundial.
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