Delcy Rodríguez cierra siete entidades chavistas; 444 considerados presos políticos excarcelados: Foro Penal
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó un remezón dentro del andamiaje institucional chavista el domingo 15 de febrero con un cierre múltiple de entidades, entre ellas programas sociales —conocidos como misiones— y un cuerpo de inteligencia, algunos heredados del recién derrocado Nicolás Maduro.
Mediante el decreto presidencial 5.248, la mandataria interina ordenó liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 bajo la entonces Administración de Nicolás Maduro con el objetivo de analizar información sobre «la actividad enemiga interna y externa». Organizaciones, como Reporteros Sin Fronteras o sindicatos periodísticos, habían señalado a esa entidad de entorpecer el acceso a la información pública.
Las otras entidades inauguradas por Maduro, el líder chavista apresado en EE. UU. bajo acusaciones de narcotráfico, que han sido clausuradas de un plumazo por Rodríguez son la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, creadas entre 2015 y 2016.
Las Misiones en Venezuela, ideadas a inicios de siglo por el entonces gobierno de Hugo Chávez, fueron dotadas de presupuestos millonarios con el fin de ejecutar las políticas sociales del caudillo militar. Sin embargo, su sostenimiento se dificultó con el paso de los años, tras el desplome del precio del petróleo y el colapso de la economía nacional. Sectores de la oposición señalan que se han convertido en un foco de corrupción del Estado chavista.
Rodríguez transfirió al Ministerio de Relaciones Exteriores «la ejecución de los fines y objetivos» de la ahora extinta misión Nueva Frontera de Paz, orientados a proteger a las comunidades fronterizas del «paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y cualquier manifestación contraria al orden social y la paz».
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Además, Miraflores cerró la Fundación Propatria 2000 y la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), proyectos del fallecido expresidente Hugo Chávez, así como la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada en 1986, durante el gobierno de Jaime Lusinchi.
Las entidades pertenecen al Ministerio del Despacho de la Presidencia, a cuyo líder reemplazó la presidenta interina en enero por el capitán Juan Escalona, antiguo miembro del equipo de seguridad de Maduro.
El decreto presidencial, que además traslada otros órganos del Despacho de la Presidencia a varias carteras del Estado, apunta que el Ejecutivo «debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social», en un contexto en el que «se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos».
«El proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de noventa días y quedará a cargo de una junta liquidadora», indica el documento.
El anuncio de Rodríguez se encadena a una serie de cambios que han sucedido a la detención de Nicolás Maduro, que incluyen nombramientos, modificaciones de los nombres de algunas instituciones, la reforma de una ley petrolera y ahora también el cierre de entes públicos.
La política de la presidenta encargada, que niega colaborar con Washington a pesar de que así lo afirma Donald Trump, ha sido definida por el partido opositor Primero Justicia (PJ) como el «desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo».
El grupo político exigió que «se dé a conocer cada paso del proceso de liquidación», para que el anuncio no se quede «únicamente en un documento».
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444 presos políticos excarcelados desde el 8 de enero: Foro Penal
Foro Penal, la ONG referente en la defensa de las personas consideradas presos políticos en Venezuela, actualizó el domingo 15 de febrero la cifra de excarcelaciones a 444, un conteo que la entidad comenzó el 8 de enero, cinco días después de la caída de Maduro, cuando se anunció una excarcelación considerable de un número indeterminado de presos.
La entidad aún contabiliza 644 presos políticos, entre ellos 185 militares, 80 mujeres y un adolescente.
El 6 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de «todos» una vez se aprobara una ley de amnistía, que aún está en discusión, a pesar de que afirmó que «a más tardar» se cerraría el pasado viernes 13 de febrero.
Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó para la próxima semana el segundo y último debate de la ley, en medio de discrepancias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.
Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario, como ocurrió hace una semana con el asesor jurídico de la mayor coalición opositora, Perkins Rocha, o con el dirigente Juan Pablo Guanipa, exdiputado cercano a María Corina Machado.
Rocha ha permanecido desde su salida de prisión en arresto domiciliario, mientras que Guanipa fue encarcelado de nuevo, el mismo día en que salió de la cárcel, acusado por la Fiscalía de incumplir sus medidas cautelares. Finalmente, la familia del opositor anunció el martes que ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo (Zulia).
Mientras algunos presos continúan saliendo por goteo de los penales chavistas, a las afueras de estas instalaciones se agrupan familiares de los detenidos, quienes esperan horas y acampan en busca de información de sus allegados o anhelando que sea él o ella quien salga cuando vuelve a abrirse la puerta.
Desde el sábado, una decena de mujeres se declararon en huelga de hambre en las afueras de un comando policial en Caracas. Varias ya han sufrido problemas de salud, de las cuales una de ellas se desmayó un par de veces y otra recibió suero por vía intravenosa, detalló la agencia de noticias EFE.
«Tras más de 36 horas en huelga de hambre, los familiares de presos políticos empiezan a descompensarse, mientras esperan la liberación de sus seres queridos», describió en la plataforma X el partido opositor Primero Justicia, que colgó un video en el que se ve una mujer levemente inconsciente que es atendida sobre una colchoneta con los pies elevados sobre una silla.
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Con EFE y medios locales
