“El poder no es una herencia para el disfrute de unos pocos, sino una carga de servicio que solo la integridad y la técnica pueden sostener con dignidad” (MB).
Los antecedentes de modelos basados en el uso del aparato estatal para fines privados ofrecen lecciones claras en la historia moderna, moldeados entre sistemas donde la burocracia se expande para albergar intereses políticos, mientras la infraestructura colapsa y cae en el declive de las quiebras institucionales, los recursos se disipan en redes de favores que benefician a sectores reducidos y finalmente dejan en el precipicio las necesidades más urgentes de la población.
En contraposición a esta catarsis, existen referentes de gobernanza basados en la profesionalización y el apego estricto a la ley, además de modelos que promueven la meritocracia y la transparencia, los cuales se acentúan con el paso de los años. El progreso real no reside en el centralismo, sino en una administración donde el funcionario no responda a la ilegalidad e intereses coyunturales. Es importante recordarle a nuestros funcionarios políticos, si no es que lo saben, que a través de una gestión descentralizada y técnica es de la única manera que en la República Dominicana se podría lograr sostenibilidad, estabilidad y paz social.
La diferencia fundamental radica en la visión de nación que se aplica, visto que mientras un enfoque clientelista percibe a los ciudadanos como cifras electorales, una gerencia pública ética los reconoce como los legítimos dueños del proyecto común, y en ese sentido hay que decir que: un país gestionado con dignidad no centraliza las decisiones para limitar a las regiones, sino que fomenta las capacidades locales, entendiendo que el desarrollo nacional es el resultado de eficiencias regionales coordinadas bajo un marco legal estricto y cubierto por el bienestar común.
A menudo, la falta de acciones eficaces en beneficio de la sociedad nunca quedan al descubierto, es todo lo contrario, es una consecuencia de sistemas diseñados para ser permeables a la manipulación, porque cuando la institucionalidad es débil se facilita la obtención de privilegios injustificados, por lo que, en este contexto, el ejercicio del poder se aleja de su mandato original sumado a la búsqueda del bienestar general y la equidad social.
Es notorio en nuestro país que la sustitución sistemática de cuadros técnicos por aliados políticos anula la memoria institucional y esta falta de continuidad impide la acumulación de conocimientos especializados, obligando a la administración pública a proyectar ciclos constantes de aprendizaje y errores que terminan afectando la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
Los gobernantes y políticos dominicanos no quieren entender que para fortalecer la administración pública, es necesario aplicar criterios de rigurosidad similares a los de la alta gerencia. Bajo los argumentos del oportunismo, no quieren entender que la conducción del Estado requiere indicadores de gestión, transparencia y respeto absoluto a las normas, porque la salud de una nación debe reflejarse en la calidad de sus servicios públicos y en la atención efectiva al ciudadano, no en la acumulación de influencias por parte de quienes ejercen cargos temporales.
Los sistemas donde la carrera administrativa es respetada tienen tendencia a ser los más resilientes ante las crisis. El acceso a la función pública debe ser un proceso basado en el mérito, donde la estabilidad depende del desempeño profesional, un paso necesario para transitar hacia una sociedad de instituciones, donde la gestión sea ágil, ética y cercana a las necesidades reales de la población. Por eso siempre digo: “La moral es el susurro de la conciencia que nos dicta lo justo y el deber es la voluntad inquebrantable de convertir en realidad ese dictamen en nuestra única ley”
El desafío actual consiste en orientar el ejercicio del mando hacia la búsqueda del bien común. La gestión de estos tres cuartos de isla exige la comprensión de un liderazgo con herramientas para facilitar el progreso colectivo y gerenciar con ética la eficiencia y las normas para que el poder cumpla su función legítima de servir a la voluntad nacional, a fin de que los resultados sean honestos y beneficiosos para todos.
“Cuando el mérito es desplazado por el favor, la justicia se convierte en una mercancía y el futuro de la nación en una deuda que pagarán a quienes nunca fueron invitados a la mesa del poder” (MB).
jpm-am
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