«Hoy, el Departamento de Justicia reafirmó su solemne deber de buscar, obtener e implementar sentencias capitales legales», anunció la entidad del Gobierno estadounidense al presentar el informe ‘Sobre la restauración y el fortalecimiento de la pena de muerte federal’ publicado este viernes 24 de abril.
El documento de 52 páginas detalla una serie de medidas adoptadas «para disuadir los crímenes más bárbaros», entre las que sobresale «la readopción del protocolo de inyección letal».
Donald Trump reanudó el uso en su primer mandato (2017-2021), tras una pausa de 20 años. Unos 13 presos federales murieron por ese procedimiento durante sus últimos meses en el cargo, antes de una abolición de esa técnica en el gobierno de Joe Biden
El reporte del Departamento de Justicia informa de «la ampliación del protocolo para incluir otros métodos de ejecución, como el fusilamiento, y la simplificación de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte». Cinco estados permiten la ejecución por fusilamiento.
El fiscal general interino, Todd Blanche, quien firma el prólogo del estudio, instruyó a la Oficina de Prisiones del Departamento de Justicia a modificar su protocolo de ejecución «para incluir métodos adicionales y constitucionales que actualmente están previstos por la ley de ciertos estados», como la electrocución, predominante en Carolina del Sur, o el nuevo método de asfixia con gas desarrollado por Alabama en 2024.
El Departamento de Justicia defendió estar amparado por «la orden ejecutiva del presidente Trump, emitida el primer día de su mandato» para agilizar las sentencias de muerte durante su gestión con el fin de «proteger la seguridad pública».
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Cambio de política en la Casa Blanca
Todd Blanche sostuvo que «la Administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos». En contraste, añadió, «bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas».
Biden conmutó las penas de 37 de los prisioneros que esperaban por ser ejecutados en el corredor de la muerte federal, donde solo quedaron tres hombres. El resto de condenados a la pena capital están repartidos por los Estados que aún permiten esa medida.
Pero en febrero de 2025 la entonces fiscal general Pam Bondi revocó la moratoria, conocida como Biden-Garland. Desde entonces, el Departamento de Justicia ha autorizado la solicitud de sentencias de muerte contra 44 acusados, de las cuales nueve ya han sido autorizadas por Blanche.
Entre los sentenciados a la pena capital hay tres miembros de la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13), dos de los cuales son inmigrantes en situación irregular, acusados del asesinato de un testigo federal.
El Departamento de Justicia ordenó a la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que examine la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal o construir un centro adicional para permitir otras formas de ejecución.
La cruzada en favor de la pena de muerte declarada por la Casa Blanca será llevada por el Gobierno al Congreso, con «una propuesta legislativa integral que mejore la seguridad pública y permita hacer justicia de manera más efectiva a las víctimas».
Como proyectos a futuro, el Departamento de Justicia pide considerar la prohibición de las peticiones de clemencia hasta las fases finales del proceso judicial, así la imposición de una norma «que faculte a los estados para agilizar la revisión federal de hábeas corpus», lo que, a juicio de la institución, «reduciría en años el período entre la condena y la ejecución».
Una política principalmente estatal
La pena de muerte sigue siendo legal en el ordenamiento federal de Estados Unidos y en 24 de los 50 estados, mientras que 23 estados y el Distrito de Columbia la han abolido. Tres estados más tienen moratorias vigentes. Es decir, no la aplican en la práctica, aunque sigue siendo legal.
Los delitos graves pueden ser perseguidos a nivel estatal o federal, aunque la mayoría de las condenas a muerte proceden de tribunales estatales, mientras que el Gobierno federal reserva la pena capital para un abanico limitado de delitos como ciertos asesinatos, terrorismo, espionaje, traición o narcotráfico agravado.
Las ejecuciones federales están reguladas por la Federal Death Penalty Act (FDPA), incorporada al título 18 del Código de Estados Unidos, mientras que cada estado con pena capital tiene su propio estatuto, sujeto a los límites constitucionales marcados por el Tribunal Supremo.
Con esas distinciones entre Estados, la imposición de una pena capital suele seguir las mismas fases: determinación de elegibilidad —en la que la Fiscalía evalúa si el delito encaja en alguna categoría de capital—, aviso de intención de pedir la pena de muerte, juicio de culpabilidad, fase de sentencia y decisión del jurado.
El proceso contempla múltiples figuras de apelación y revisiones judiciales obligatorias y discrecionales, por lo que la ejecución de la pena puede prolongarse incluso décadas. Aunque la Administración Trump no quiere que sea para tanto.
Con Reuters y medios locales
