El Ministerio de Seguridad de Argentina anunció una serie de medidas para resguardar a la prensa ante “hechos violentos” que, según prevé, podrían registrarse durante las manifestaciones convocadas en los próximos días contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.
Como parte del operativo, la dependencia dispuso “una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos”, con el objetivo de proteger la integridad física de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo que cubrirán las concentraciones previstas para los días 18, 19 y 20 de febrero en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.
Si algo han aprendido los venezolanos durante dos décadas de chavismo es la resiliencia digital. Años de censura, desinformación y represión han llevado a ingeniarse mecanismos para mantenerse informados en tiempos oscuros, sobre todo tras el ataque de Estados Unidos.
La agencia también aconsejó a los trabajadores de los medios de comunicación no ubicarse entre “eventuales focos violentos” y el personal de seguridad, a fin de reducir riesgos. «Ante hechos de violencia, nuestras fuerzas actuarán”, advirtió.
El anuncio del protocolo se produjo días después de que la Confederación General del Trabajo (CGT) convocara a una huelga general de 24 horas para expresar su rechazo a la reforma laboral, aprobada recientemente por el Senado. La central obrera pretende que la medida coincida con el inicio del debate del proyecto en la Cámara de Diputados, programado para este jueves.
La organización sindical aseguró que el paro no estará acompañado de movilizaciones. Según medios locales, la decisión se tomó luego de que una protesta convocada por la CGT la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires terminara en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El saldo fue de al menos 10 personas heridas, 37 detenidas y daños materiales estimados en alrededor de 270 millones de pesos argentinos.
A pesar de la postura de la CGT, considerada la mayor central sindical del país, otras agrupaciones confirmaron que sí saldrán a las calles. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por la Unión Obrera Metalúrgica, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y la Central de Trabajadores de la Argentina, ratificó un paro con movilización para este jueves.
“Tenemos que garantizar que sea un paro activo. Es un momento que debemos aprovechar. La única posibilidad de derrotar esta nefasta reforma es saliendo a la calle”, sostuvo en redes sociales Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.
El dirigente también respondió al comunicado del Ministerio de Seguridad y responsabilizó a Milei por “cualquier hecho que hubiera que lamentar” durante la jornada. “Esta gente es peligrosa y está decidida a todo con tal de aprobar la ley. Saben que el ajuste no pasa sin represión. Utilizan a las fuerzas de seguridad de manera ilegal. La única violencia que ha existido en los últimos dos años ha sido institucional”, afirmó.
Huelgas bajo la mira de Milei en Argentina
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el gobierno argentino implementó distintas disposiciones que refuerzan el control sobre las protestas sociales. Entre ellas se encuentra el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, conocido como “protocolo antipiquetes”, considerado por sectores opositores como uno de los más restrictivos en la materia.
La normativa habilita a las fuerzas federales a intervenir cuando una manifestación interrumpa la circulación de personas o vehículos. Los efectivos pueden actuar sin una orden judicial, aunque no tienen permitido portar armas letales. El esquema establece, además, que se deberá registrar a los participantes mediante filmaciones, priorizando la identificación de dirigentes y organizaciones, a quienes se les podrá reclamar el costo de los operativos.
En paralelo, la reforma laboral promovida por el Ejecutivo introduce cambios en el derecho a huelga. El proyecto amplía el listado de actividades esenciales que, en caso de paro, deberán garantizar al menos el 75% de los servicios. A los sectores ya contemplados (salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo) se sumarían telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, así como educación, con excepción de las universidades. Las fuerzas de seguridad deberán cumplir el 100% de sus funciones.
Asimismo, se crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, que deberán asegurar un funcionamiento mínimo del 50% durante una medida de fuerza. En este grupo quedarían incluidos el transporte de pasajeros y cargas, la industria farmacéutica, la banca, el agro, la minería, la siderurgia, la construcción, los medios de comunicación, el comercio electrónico y la hotelería.
En materia de representación gremial, la iniciativa modifica el Artículo 20 de la Ley de Asociaciones Sindicales para establecer que las asambleas y congresos de delegados no podrán afectar el normal desarrollo de la empresa y requerirán autorización del empleador en cuanto a horario y duración.
