Más de 20 ataques registrados en 48 horas reflejan un repunte de la violencia en Colombia, en un contexto marcado por la campaña electoral. Este escenario plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad en el país y su posible impacto en la legitimidad de las elecciones de 2026. Lo analizamos en El Debate de France 24.
Explosiones, ráfagas de fusil y ataques contra estaciones de policía y establecimientos comerciales marcaron un fin de semana especialmente violento en Colombia. Según la Fiscalía General de la Nación, se registraron más de 20 atentados en distintos puntos del país.
El hecho más grave ocurrió en la vía Panamericana, donde un artefacto explosivo impactó un autobús, dejando al menos 20 muertos y decenas de heridos. Las autoridades atribuyen el ataque a disidencias de las extintas FARC que no se acogieron a los Acuerdos de Paz de 2016. En este contexto, crecen las alertas por posibles presiones e intimidaciones contra candidatos, en medio de un clima político cada vez más tenso.
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¿Hasta qué punto esta escalada puede afectar la seguridad y la legitimidad de las elecciones de 2026? Lo analizamos en El Debate de France 24.
Carlos Augusto Chacón, especialista en seguridad y defensa nacional, califica estos hechos como “el resultado de la política de paz total, que habría generado incentivos perversos para el crecimiento de los grupos criminales”.
En una línea similar, el analista político Omar Bula Escobar sostiene que “lo que vemos es, en realidad, lo contrario al objetivo principal, que es la paz. Llevamos ya 13 años entre diálogos y negociaciones, y el balance es preocupante: ha aumentado lo que alimenta la guerra»
«Las cifras de Naciones Unidas son claras: pasamos de 48.000 hectáreas en 2012 a 96.000 al cierre del proceso de paz, y luego a 250.000”, asegura Bula.
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Frente a los hechos violentos del fin de semana, Pastor Alape, firmante del Acuerdo de Paz y coordinador de su implementación por parte del Partido Comunes, sostiene que el Estado no ha logrado una presencia integral en los territorios.
“Lo que vemos es que el Estado no ha llegado de manera integral. No se trata solo de las Fuerzas Militares, sino de toda la institucionalidad: Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría. Es el Estado en su conjunto el que debe volcarse, como lo planteaba el Acuerdo de 2016″.
«Estas acciones no responden a una expresión política armada, sino a dinámicas de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión», dice Alape.
Según el firmante de Paz, el objetivo es claro: afectar a la población civil, generar inestabilidad y producir una crisis en un contexto electoral.
Sin duda, un escenario que deja en evidencia la fragilidad del contexto en el que se desarrollan las elecciones presidenciales en Colombia, un país cuya historia de violencia política sigue marcando el presente.
Nos acompañan en el análisis:
- Carlos Augusto Chacón, especialista en seguridad y defensa nacional y director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
- Pastor Alape, firmante del Acuerdo de Paz y coordinador general de su implementación por parte de Comunes, el partido surgido de la antigua guerrilla de las FARC.
- Omar Bula Escobar, analista político e internacionalista.
