El excongresista republicano, David Rivera, fue encontrado culpable por ayudar a «mover las fichas» del Gobierno de Nicolás Maduro dentro del sistema político estadounidense.
Este viernes 1 de mayo de 2026, el jurado de un tribunal federal de Miami dictaminó que el hombre, que representó a la Florida en la Cámara Caja en Washington entre 2011 y 2013, cometió delitos relacionados con conspiración, por intentar influir al interior del primer Gobierno de Donald Trump, para hacer negocios como emisario del chavismo.
El exlegislador fue procesado debido a que no se presentó formalmente como cabildero extranjero, mientras hacía labores para intentar ayudar a empresas estatales venezolanas en el país norteamericano.
Rivera también fue encontrado culpable por lavado de dinero, junto a la asesora política Esther Nuhfer, un delito por el que se enfrenta a una pena de hasta 10 años en prisión.
Son dos faltas consideradas graves por el sistema penal del estado de Florida, pues no solamente violan normas administrativas, sino que también implican manipulación deliberada de los sistemas estatales, que están diseñados para combatir las malas prácticas en la relación entre gobiernos extranjeros y el sistema político de Estados Unidos.
El juicio que duró seis semanas contó con el testimonio del actual secretario de Estado, Marco Rubio, que en el momento en el que ocurrieron los hechos era senador por el estado de Florida, y en su momento fue cercano a Rivera.
De igual forma, el representante a la Cámara por Texas, Pete Sessions, también declaró ante el tribunal para intentar esclarecer lo acontecido.
El miembro del Partido Republicano se encontraba en libertad bajo fianza, pero la jueza Melissa Damian ordenó su detención inmediata a la espera de emitir la duración de la condena, pues según la togada “hay riesgos de fuga” derivados de la buena posición económica de Rivera.
Según testigos de la sesión judicial, el excongresista se mantuvo impasible mientras el jurado pronunciaba su veredicto.
Las pruebas contra el ‘cordero con piel de lobo’
Durante meses, la Fiscalía recaudó pruebas que señalaban que Rivera colaboraba con las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro, aunque en su vida pública se mostraba como un activista a favor de la oposición y la salida del poder del chavismo.
«Su imagen pública era la de un anticomunista, pero estuvo trabajando para el régimen de Maduro todo el tiempo, y lo sabía», dijo el fiscal Roger Cruz durante el juicio, según declaraciones recogidas por el diario Miami Herald.
En una de las primeras acusaciones del Departamento de Justicia, presentada en 2022, los fiscales argumentaron que la exministra de Asuntos Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, hoy en día presidenta encargada, conectó con Rivera para intentar que la primera Administración de Donald Trump relajara sus sanciones contra el Gobierno, entonces en manos de Maduro.
En ese tiempo, además de ser la jefa de la diplomacia de Venezuela, Rodríguez fungía como vicepresidenta de Asuntos Internacionales de PDVSA.
Es así como según las pruebas recabadas por el ente acusador, Rivera y su socia Nuhfer manipularon a empresarios y políticos influyentes en la Casa Blanca, entre los que se encontraban Marco Rubio y Pete Sessions, como si “fueran peones en un tablero de ajedrez”.
En el centro de las acusaciones se encuentra un contrato firmado por una consultora unipersonal del antiguo congresista con una filial estadounidense de la estatal PDVSA por 50 millones de dólares.
La defensa de Rivera y Nuhfer esgrimió que el trato se centró exclusivamente en atraer de vuelta a Venezuela al gigante petrolero ExxonMobil, una misión comercial que según ellos estaba exenta de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, por lo que no era necesario presentarse formalmente como cabildero a favor de Venezuela.
Al ser preguntado por uno de los fiscales sobre cuál habría sido su reacción en aquel entonces, si hubiera sabido que Rivera trabajaba con el gobierno de Maduro, el secretario de Estado, Marco Rubio respondió: «me habría sorprendido”.
La hoy mano derecha del presidente Trump también aseveró que conocía a Rivera desde los años 90 y señaló que en 2017 tuvo dos reuniones con el acusado para discutir un plan cuyo objetivo era facilitar la salida de Maduro y la realización de elecciones libres en Venezuela.
Según la Fiscalía, Rivera y su socia no revelaron su labor de lobby como se requería, por temor a que esto afectara las labores políticas del líder republicano en Florida, donde se presentaba “como un pilar anticomunista”.
Según la investigación de los funcionarios del Departamento de Justicia, Rivera creó un grupo de chat cifrado llamado MIA, que incluía a su principal canal dentro del Gobierno de Maduro, el magnate venezolano de los medios Raúl Gorrín, quien está acusado por Estados Unidos de ofrecer sobornos para beneficiar al Ejecutivo de Caracas.
Los miembros del grupo utilizaban palabras en clave para comunicarse: Maduro era el «conductor de autobús», Sessions, «Sombrero», Delcy Rodríguez, «La Dama de Rojo» y millones de dólares era igual a «melones», según copias de mensajes de texto entregados al jurado.
«Mientras el dinero siguiera entrando, no les importaba de dónde proviniera», concluyó el fiscal Roger Cruz sobre los acusados durante sus alegatos finales ante el jurado.
¿Cómo fueron las relaciones EE. UU.-Venezuela durante el primer mandato de Trump?
Durante su primera estancia en la Casa Blanca, Donald Trump, arremetió con sanciones contra el Gobierno del entonces jefe de Estado, Nicolás Maduro.
Para 2017, la Casa Blanca bloqueó el acceso de la Administración chavista a los mercados financieros y prohibió a los compradores internacionales adquirir bonos de deuda oficiales emitidos por Caracas.
Un punto a tener en cuenta es que por la misma época el país sudamericano transitaba por una espiral inflacionaria, que desató un gran malestar social en contra de la cúpula chavista, que ya llevaba casi dos décadas en el poder.
Posteriormente, Nicolás Maduro fue reelecto en 2018, bajo fuertes críticas por parte de la oposición, que argumentaba falta de garantías para el normal desarrollo de unos comicios democráticos.
Estos cuestionamientos provocaron un boicot electoral por parte de la mayoría de la oposición y derivaron en una crisis política, agudizada cuando en 2019 el presidente de Asamblea Nacional , Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino, con la venia de Estados Unidos y varios países latinoamericanos.
En ese momento, la Administración de Donald Trump amplió las sanciones a empresas petroleras, mineras y bancarias con vínculos con el Palacio de Miraflores.
Fue en ese contexto que el representante Rivera operó al interior del sistema político estadounidense, en búsqueda de otorgar oxígeno al Gobierno de Maduro, ahogado entonces por las sanciones de Washington y la presión internacional para que abandonara el poder.
Con AP, Reuters y EFE
