Montecristi.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Ceccom cerraron una estación de combustibles en Castañuelas tras detectar que expendía gasolina premium con niveles de calidad por debajo de lo establecido.
La medida fue tomada luego de que análisis de laboratorio confirmaran que el combustible presentaba un octanaje inferior al mínimo requerido por las normas vigentes.
La clausura se ejecutó durante un operativo de inspección técnica, en el que autoridades recolectaron muestras para verificar la calidad del producto comercializado.
Inspección y sanción inmediata
Tras confirmarse la irregularidad, las autoridades procedieron a la suspensión de operaciones del establecimiento, levantando las actas correspondientes para los fines legales.
El incumplimiento de los estándares de calidad motivó una acción inmediata para proteger a los consumidores y evitar riesgos asociados al uso de combustible adulterado.
- Estas acciones forman parte de un programa de supervisión continua que se ejecuta en todo el territorio nacional para fiscalizar el sector.
Control del mercado y protección al consumidor
El MICM y el CECCOM mantienen operativos periódicos para detectar prácticas irregulares en la comercialización de combustibles y otros productos regulados.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad del consumidor y la garantía de combustibles que cumplan con las especificaciones técnicas.
Asimismo, recordaron que estas instituciones trabajan bajo la Ley 17-19, orientada a combatir el comercio ilícito y asegurar el cumplimiento de las normativas en el país.
El CECCOM, junto al MICM, tiene la responsabilidad de aplicar políticas de control y regulación, abarcando no solo combustibles, sino también medicamentos, alcohol y otros productos sensibles.
Fortalecimiento del control estatal
En los últimos años, las autoridades han intensificado los operativos de inspección y supervisión, con el propósito de identificar estaciones de servicio que incumplen las normas. Estos controles incluyen toma de muestras de laboratorio, auditorías técnicas y cierre temporal o definitivo de establecimientos en caso de irregularidades.
Este fortalecimiento responde a la necesidad de proteger tanto la economía formal del sector energético como la seguridad de los consumidores, en un mercado donde el combustible es un producto de alto impacto económico y social.
La aplicación de la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito ha sido un pilar clave en estos procesos, ya que permite sancionar prácticas irregulares en la distribución de combustibles y otros productos regulados.
