Santo Domingo.– El abogado Julio Cury sostuvo que la extinción de la acción penal en el proceso seguido contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero debería aplicarse de forma automática, al considerar que el caso ha superado ampliamente el plazo máximo establecido por la ley sin que la demora pueda atribuirse a la defensa.
Cury explicó que el proceso inició en febrero de 2021, cuando Guerrero fue citado por el Ministerio Público, lo que a su juicio marca el punto de partida del cómputo procesal. Desde entonces, afirmó, ha transcurrido el tiempo legal sin una decisión definitiva dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal.
El jurista aseguró que la defensa del exfuncionario no ha presentado incidentes ni recursos con fines dilatorios, por lo que responsabilizó exclusivamente a la parte acusadora del retraso en la conclusión del expediente.
La defensa sostiene que el proceso ha vencido el plazo legal
Durante una entrevista en el programa El Gobierno de la Mañana, de la emisora Z101, Cury calificó la situación como una “extinción de cajón”, al insistir en que no existen maniobras procesales por parte de la defensa que justifiquen la duración del caso.
El abogado señaló que, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la duración máxima de un proceso penal es de tres años, prorrogables hasta cuatro en casos complejos, plazo que —según afirmó— ya habría sido ampliamente superado en este expediente.
Asimismo, indicó que cualquier cuestionamiento sobre la dilación del proceso debe dirigirse al Ministerio Público, al que atribuyó la responsabilidad de no haber concluido la investigación ni presentado acusación dentro del tiempo legal.
Críticas a medidas cautelares y a grandes casos de corrupción
Cury también criticó la prolongación de medidas restrictivas contra Donald Guerrero, como la alerta migratoria impuesta en noviembre de 2020, señalando que estas se mantuvieron durante años sin una acusación formal definitiva.
El abogado sostuvo que el exministro habría permanecido más de dos años bajo limitaciones sin imputación concreta, situación que consideró contraria a las garantías del debido proceso.
Finalmente, enmarcó el caso dentro de una problemática más amplia relacionada con los grandes expedientes de corrupción administrativa, al afirmar que el Ministerio Público ha estructurado procesos “excesivamente voluminosos” que terminan afectando su viabilidad jurídica.
- “El Estado no puede sostener procesos que exceden los límites legales sin asumir las consecuencias jurídicas”, concluyó Cury.
