La educación superior en Argentina atraviesa una profunda crisis. Esa fue la consigna defendida por miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios que participaron en una protesta masiva realizada en distintas ciudades del país, incluida la capital, Buenos Aires, para rechazar los recortes presupuestarios a la educación impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei.
La denominada Cuarta Marcha Federal Universitaria, celebrada este martes, tuvo como principal punto de concentración la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. La movilización fue organizada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.
La huelga general en Argentina contra la reforma laboral generaría pérdidas de entre 400 y 600 millones de dólares, dependiendo del nivel de adhesión.
Los organizadores estimaron que alrededor de 1.5 millones de personas participaron en las manifestaciones realizadas en diferentes puntos del país, incluidas ciudades como Córdoba, Rosario, La Plata y Mendoza, además de otras provincias argentinas.
Los manifestantes exigieron al gobierno la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2024 y vetada ese mismo año por la administración de Milei. La iniciativa buscaba responder a las demandas de la comunidad académica, que reclamaba una actualización de la legislación para incrementar los recursos destinados a la educación superior. Los sectores universitarios sostienen que la inflación y la falta de ajustes en las partidas presupuestarias han puesto en riesgo el funcionamiento de las instituciones, los programas de investigación y los salarios del personal docente y administrativo de las universidades públicas.
Durante 2025, el Congreso volvió a promover proyectos orientados a reforzar el fnanciamiento universitario, aunque nuevamente fueron rechazados por el Ejecutivo. La Casa Rosada argumentó que, frente a la crisis económica que enfrenta Argentina, era indispensable mantener una política de reducción del gasto público para preservar el equilibrio fiscal.
En Argentina existen alrededor de 57 universidades públicas que atienden a cerca de 2 millones de estudiantes. Varias de estas instituciones cuentan con reconocimiento internacional y han sido históricamente referentes regionales en investigación científica, formación profesional y desarrollo tecnológico. No obstante, distintos indicadores oficiales y académicos advierten sobre un deterioro creciente derivado de la reducción de recursos.
Datos de la Oficina Nacional de Presupuesto revelan que el gasto universitario cayó 7.9% en términos reales durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, la disminución acumulada alcanza 30.7% respecto a los niveles registrados en 2023. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) asegura que las transferencias destinadas a las universidades nacionales acumulan una caída real de 45.6% entre 2023 y 2026.
La ciencia argentina en riesgo
El impacto de estos recortes no solo afecta la economía de miles de familias, estudiantes y trabajadores universitarios, sino también el desarrollo científico y tecnológico del país. Investigadores y especialistas advierten que la falta de financiamiento amenaza proyectos estratégicos y limita la capacidad de innovación de Argentina.
Diego Hurtado, exsecretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló a WIRED en Español que el gobierno de Milei ha provocado una “degradación de las instituciones, la paralización y desmantelamiento de proyectos estratégicos de vacunas, medicamentos, reactores nucleares y satélites, además de un desfinanciamiento profundo y acelerado”.
