Embajadora de EE. UU. advierte uso político de visas en el país
La reciente restitución del visado estadounidense a Gonzalo Castillo, sumada a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, vuelve a sacudir el escenario político nacional. Para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), estos hechos no solo tienen peso simbólico: confirman, aseguran, que durante años hubo persecución política desde el poder.
En esa línea, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, sostuvo que ambos acontecimientos refuerzan lo que su organización viene denunciando desde hace tiempo. A su juicio, procesos administrativos y judiciales fueron utilizados como herramientas para afectar a dirigentes opositores, apoyados —según dice— en campañas mediáticas y decisiones que no siempre respondieron a criterios estrictamente jurídicos.
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Dantés Díaz recordó que, desde el inicio, el PLD cuestionó la forma en que se desarrollaron varios casos de alto perfil. Señaló que existió lo que describe como una “judicialización selectiva”, acompañada de presiones públicas que, en su opinión, crearon escenarios de condena anticipada. Esto, agregó, impactó directamente derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
De acuerdo con el jurista, el problema no radica en la persecución de la corrupción, sino en cómo se ejecutan esos procesos. Aseguró que, en múltiples ocasiones, el partido denunció el uso combinado del aparato judicial y la influencia mediática para construir percepciones negativas contra figuras políticas, muchas veces antes de que existieran decisiones firmes en los tribunales.
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En ese contexto, calificó como “delicadas” las palabras de la embajadora Campos, quien recientemente advirtió —en el podcast Gepiano— que el mecanismo de revocación de visados no debe ser utilizado con fines políticos. “No es una herramienta política”, subrayó la diplomática, en una declaración que ha generado análisis en distintos sectores.
Para Dantés Díaz, esa advertencia no pasa desapercibida. Entiende que, al provenir de una representante diplomática de Estados Unidos, coloca el foco sobre prácticas institucionales recientes en el país. En consecuencia, consideró que el tema obliga a una revisión profunda de cómo se han manejado ciertos procesos en los últimos años.
“Estamos ante declaraciones graves desde el punto de vista institucional. El país tiene que reflexionar con seriedad sobre posibles excesos y distorsiones que se hayan producido en nombre de la lucha contra la corrupción”, expresó.
Asimismo, destacó que la devolución del visado a Gonzalo Castillo tiene implicaciones políticas relevantes. Según planteó, ese gesto desmonta parte de las narrativas que durante años circularon en el debate público, en torno a acusaciones que aún siguen bajo discusión judicial.
“Poco a poco, lo que se construyó desde el poder empieza a chocar con la realidad”, afirmó, al tiempo que insistió en que algunas actuaciones estuvieron marcadas por intereses políticos más que por criterios objetivos.
El dirigente peledeísta insistió en que su partido no se opone a los procesos de transparencia ni a la persecución legítima de la corrupción. Sin embargo, subrayó que estos deben desarrollarse con respeto estricto al debido proceso, las garantías constitucionales y la independencia de los órganos judiciales.
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En ese sentido, defendió la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y evitar que instrumentos legales o administrativos puedan ser utilizados como mecanismos de retaliación política.
Finalmente, reiteró que tanto las declaraciones de la embajadora estadounidense como la decisión sobre el visado de Castillo abren un debate que el país no puede evadir. A su entender, se trata de un momento que exige revisar lo ocurrido, no solo por sus consecuencias políticas, sino también por su impacto en la institucionalidad y la confianza ciudadana.
