El plan fiscal del 10% o el 12,5 se aplicaría por fallos sobre el trabajo forzoso
El tablero del comercio internacional tiembla ante la última movida de Washington. La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) puso sobre la mesa una propuesta drástica: imponer aranceles adicionales de entre el 10% y el 12.5% a 60 socios comerciales incluyendo a la Unión Europea, México y República Dominicana.
El argumento de la potencia norteamericana es directo y contundente; acusa a estas economías de no aplicar medidas efectivas para bloquear la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, lo que genera una competencia desleal para el productor local, despliega Europa Press.
El origen de las investigaciones comerciales
La decisión no es un impulso del momento. Tiene su base legal en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, bajo la cual el embajador Jamieson Greer inició 60 investigaciones simultáneas el pasado 12 de marzo.
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Al cerrar los expedientes, la oficina concluyó que la falta de rigor de estos países resulta «discriminatoria» y frena el crecimiento de las empresas estadounidenses que sí cumplen con los estándares sociolaborales, justificando así una represalia fiscal masiva.
En el primer bloque de señalados aparecen gigantes y vecinos estratégicos como la Unión Europea, Canadá, México, Ecuador, Indonesia y Pakistán. Según Washington, estas naciones tienen leyes escritas contra la explotación, pero fallan rotundamente en su ejecución real en las aduanas.
Para este grupo específico que ya posee acuerdos recíprocos o regímenes de control parciales, el castigo propuesto se traduce en un gravamen extra del 10% a todos sus productos importados.
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Sesenta economías en la mira de Washington
El segundo grupo es todavía más amplio y abarca a otras 54 economías que, según el informe, ni siquiera han impuesto prohibiciones estructurales en sus fronteras. En esta lista negra figuran potencias industriales de la talla de China, Japón y el Reino Unido, junto a una fuerte representación latinoamericana que incluye a Brasil, Argentina, Colombia y la República Dominicana.
Para estos 54 territorios que carecen de marcos restrictivos, la penalización será mayor, enfrentando un arancel del 12.5%.
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El anuncio enciende las alarmas en el sector exportador global, ya que de aprobarse la medida, afectaría cadenas de suministro enteras y elevaría los costos de consumo.
Con la tajante frase de «no toleraremos más esta desigualdad», el gobierno norteamericano presiona a sus aliados para que endurezcan sus controles aduaneros antes de que el impuesto se vuelva una realidad irreversible.
