EL AUTOR es experto en política tributaria. Reside en Santo Domingo.
El debate nacional se centra a menudo en el déficit fiscal, esa brecha persistente entre lo que el Estado gasta y lo que ingresa. Sin embargo, este desequilibrio no es solo un problema contable o del Poder Ejecutivo; es un síntoma de una parálisis más profunda: la inercia legislativa.
Mientras el Congreso Nacional falle en sus tareas misionales de legislar y, crucialmente, fiscalizar, el déficit seguirá siendo un mal crónico.
Entendemos el déficit fiscal como el resultado negativo que surge cuando los gastos de un gobierno superan sus ingresos. Para cubrir esta diferencia, el Estado debe recurrir al financiamiento, generalmente a través de deuda o préstamos.
Las causas son conocidas: una disminución de los ingresos fiscales, un gasto público excesivo o una mala gestión financiera. Pero una causa fundamental, a menudo ignorada, es la falta de control y fiscalización efectiva por parte del poder legislativo.
Si no se controla, el déficit no solo lleva al aumento de la deuda pública y la inflación. Sus consecuencias pueden ser mucho más graves, abriendo la puerta a problemas financieros sistémicos (monetarios, bancarios y tributarios), facilitando la corrupción sistémica y, en el peor de los casos, permitiendo la consolidación de un narco Estado.
La inercia: cuando el Congreso falla
La inercia legislativa se refiere a la lentitud o la falta de acción del Congreso para aprobar o modificar leyes. Pero, más importante aún, es su fracaso en la tarea de fiscalizar el patrimonio, los ingresos, los gastos y el uso por destino de los fondos públicos.
Esta pasividad legislativa es un acelerador directo del problema fiscal. La incapacidad del Congreso para debatir y aprobar a tiempo las reformas necesarias —ya sean tributarias para aumentar la recaudación o presupuestarias para controlar el gasto— perpetúa los desequilibrios financieros.
Círculo vicioso
La relación entre ambos conceptos es clara y peligrosa. La inercia legislativa exacerba el déficit fiscal de varias maneras:
1. Impide Reformas Fiscales: La parálisis evita que el gobierno implemente las reformas estructurales necesarias para corregir distorsiones del mercado, aumentar la recaudación de forma justa o racionalizar el gasto público.
2. Afecta la Planificación: Retrasa la aprobación de presupuestos, frena la implementación de proyectos de inversión y, sobre todo, anula el control efectivo de la gestión de las finanzas públicas.
3. Genera Presión Populista: Esta inercia puede llevar a que los gobiernos recurran a medidas populistas o a decisiones de gasto inadecuadas para cumplir objetivos a corto plazo, aumentando irresponsablemente el déficit.
Sinopsis: Sin Fiscalización no hay Solución
En resumen, mientras el déficit fiscal es un resultado financiero visible, la inercia legislativa es una causa estructural que contribuye a perpetuar ese resultado.
Esta pasividad impide la implementación de soluciones reales para mejorar la salud fiscal del país. Impide «castrar la corrupción» y sanear las finanzas públicas. Más grave aún, debilita las herramientas para prevenir los flujos financieros provenientes del narcotráfico, como el lavado de activos.
Sin un poder legislativo activo, que legisle con visión de futuro y fiscalice con rigor presente, será imposible crear las condiciones que el mercado requiere para generar riquezas, divisas, ingresos y empleos productivos. El déficit no es solo un fracaso del Ejecutivo; es, en gran medida, un fracaso de la fiscalización legislativa.
jpm-am
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