Una elección reñida deriva en una nueva disputa política. La segunda vuelta presidencial de Perú entró este martes en una fase de mayor incertidumbre después de que Roberto Sánchez, candidato de izquierda por Juntos por el Perú, anunciara que no reconocerá una eventual victoria de Keiko Fujimori y denunciara supuestas irregularidades en el proceso electoral.
Con el 99,7 % de los votos contabilizados, Fujimori obtiene el 50,11 % de los sufragios válidos frente al 49,88 % de Sánchez, una diferencia de poco más de 40.000 votos en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país.
En una conferencia de prensa, Sánchez sostuvo que existe «un fraude en desarrollo» y afirmó que se ha producido una manipulación de los votos emitidos en el extranjero, que han favorecido ampliamente a la candidata conservadora.
«En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori», declaró el aspirante izquierdista, quien además convocó a sus seguidores a movilizarse en las calles durante los próximos días.
La principal objeción de Sánchez se centra en el tratamiento de los votos emitidos fuera del país. Según el candidato, la decisión de trasladar físicamente las actas electorales desde los consulados hasta Lima mediante valijas diplomáticas, en lugar de transmitirlas digitalmente como ocurrió en la primera vuelta, vulneró principios de seguridad electoral y abrió la puerta a posibles manipulaciones.
El líder de Juntos por el Perú argumenta que el cambio fue impulsado por la Cancillería peruana y sostiene que afectó la integridad del proceso. Según sus cálculos, si se excluyeran los votos del exterior, él sería el candidato más votado a nivel nacional.
Con base en estos argumentos, su partido presentó una solicitud para que se anule la totalidad de la votación realizada en las 119 oficinas consulares del Perú en el extranjero y también impulsó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja, a quien acusa de haber facilitado las modificaciones cuestionadas.
Sin embargo, ni las autoridades electorales ni las misiones internacionales de observación han reportado evidencias de fraude relacionadas con el traslado de las actas.
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Expertos cuestionan la viabilidad de los recursos
Las iniciativas impulsadas por Juntos por el Perú han sido recibidas con escepticismo por especialistas en derecho electoral, quienes consideran que los recursos carecen de sustento jurídico y fueron presentados fuera de los plazos establecidos por la legislación peruana.
La abogada Silvia Guevara señaló que una eventual «nulidad de oficio» corresponde exclusivamente a una decisión de la autoridad electoral y no puede ser solicitada por una organización política. Además, recordó que los plazos para impugnar los resultados vencieron pocos días después de la votación.
Otros expertos consultados por medios peruanos sostienen que la resolución que modificó el mecanismo de traslado de las actas constituye una medida operativa y no un cambio en las normas electorales, por lo que no vulneraría el principio de intangibilidad de la legislación electoral.
José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, que habló con el diario local ‘El Comercio’, afirmó que el partido de Sánchez tuvo la posibilidad de impugnar la medida antes de los comicios y no lo hizo. A su juicio, los nuevos recursos buscan principalmente retrasar la proclamación de los resultados.
Una evaluación similar realizó el exministro de Justicia José Tello, quien consideró que las denuncias carecen de fundamentos probatorios y responden más a una estrategia política que a una controversia jurídica.
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Fujimori rechaza las acusaciones; se eleva el riesgo de una crisis de legitimidad
Keiko Fujimori descartó las denuncias de fraude y aseguró que los pedidos de nulidad promovidos por su rival no prosperarán.
La candidata recordó que el Jurado Nacional de Elecciones ya rechazó recursos similares presentados anteriormente y afirmó que los abogados de Juntos por el Perú no han presentado pruebas que respalden sus acusaciones.
«Es un acto desesperado de política», sostuvo Fujimori, quien también cuestionó la denuncia presentada contra el canciller y defendió la legitimidad del proceso electoral.
La líder de Fuerza Popular busca convertirse en presidenta por cuarta vez, tras haber perdido las elecciones de 2011, 2016 y 2021.
Las declaraciones de Sánchez elevan el riesgo de una prolongada disputa política en un país que ha atravesado años de inestabilidad institucional y frecuentes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso.
Aunque tanto Sánchez como Fujimori evitaron durante semanas proclamarse vencedores o reconocer una eventual derrota debido a lo estrecho de la contienda, la decisión del candidato izquierdista de desconocer un posible resultado adverso introduce un nuevo elemento de tensión.
El escenario recuerda a episodios recientes de polarización política en Perú, donde las denuncias de fraude han sido utilizadas por distintos sectores ideológicos pese a la ausencia de pruebas concluyentes.
Mientras los organismos electorales concluyen la revisión de las actas observadas y preparan la proclamación oficial de los resultados, el país enfrenta la posibilidad de que la legitimidad del próximo gobierno quede cuestionada por una parte importante del electorado desde el inicio mismo de su mandato.
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Con Reuters, EFE y medios locales
