Ciudad de Panamá. – La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución que condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Nicaragua, denuncia el progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas y advierte que algunas de las acciones atribuidas al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa fue adoptada durante la primera sesión plenaria de la 56.ª Asamblea General de la OEA, que se celebra en Ciudad de Panamá, y representa uno de los pronunciamientos más contundentes emitidos por el organismo hemisférico sobre la situación política y social que vive el país centroamericano.
En el documento, los Estados miembros expresan su profunda preocupación por las violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos documentados por organismos internacionales, así como por el deterioro del orden democrático, la concentración del poder y la desaparición de los mecanismos de control institucional.
La resolución señala el uso recurrente de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y persecución política contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales, al tiempo que exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por razones políticas o cuyo paradero permanezca desconocido.
Uno de los puntos destacados del texto es la referencia a la muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, reconocido defensor de los derechos de los pueblos originarios. La OEA recordó que Rivera se encontraba bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que reclamó verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, el organismo regional instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar plenamente las libertades de expresión, prensa, asociación, religión y participación política, así como a poner fin a las medidas que han privado de la nacionalidad a cientos de ciudadanos y obligado al exilio a numerosos opositores y críticos del gobierno.
La resolución también exhorta al Estado nicaragüense a crear las condiciones necesarias para la celebración de procesos electorales libres, transparentes y competitivos, en consonancia con los principios democráticos y las normas interamericanas.
Ocho años de crisis
La situación de Nicaragua continúa siendo motivo de preocupación internacional desde la crisis iniciada en abril de 2018, cuando una ola de protestas antigubernamentales fue respondida con una fuerte represión estatal que dejó centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.
La crisis se profundizó tras las elecciones presidenciales de 2021, celebradas con varios aspirantes opositores encarcelados y posteriormente expulsados del país, en un proceso ampliamente cuestionado por la comunidad internacional.
Desde entonces, diversos organismos multilaterales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos han denunciado un acelerado deterioro de las libertades públicas y del Estado de derecho en Nicaragua.
La puerta al diálogo sigue abierta
Pese al tono crítico de la resolución, la OEA dejó abierta una vía de acercamiento diplomático al reiterar su disposición para facilitar el eventual retorno de Nicaragua al organismo regional.
El Gobierno nicaragüense formalizó su salida de la OEA en 2021, tras denunciar la Carta de la organización en medio de crecientes tensiones con la comunidad internacional.
Con esta resolución, la Asamblea General reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en el continente, al tiempo que envía un mensaje de respaldo a las víctimas de la crisis nicaragüense y de presión política al gobierno de Managua para que revierta las medidas cuestionadas por la comunidad internacional.
La OEA eleva la presión sobre Nicaragua y denuncia posibles crímenes de lesa humanidad
Ciudad de Panamá. – La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución que condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Nicaragua, denuncia el progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas y advierte que algunas de las acciones atribuidas al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa fue adoptada durante la primera sesión plenaria de la 56.ª Asamblea General de la OEA, que se celebra en Ciudad de Panamá, y representa uno de los pronunciamientos más contundentes emitidos por el organismo hemisférico sobre la situación política y social que vive el país centroamericano.
En el documento, los Estados miembros expresan su profunda preocupación por las violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos documentados por organismos internacionales, así como por el deterioro del orden democrático, la concentración del poder y la desaparición de los mecanismos de control institucional.
La resolución señala el uso recurrente de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y persecución política contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales, al tiempo que exige la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por razones políticas o cuyo paradero permanezca desconocido.
Uno de los puntos destacados del texto es la referencia a la muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, reconocido defensor de los derechos de los pueblos originarios. La OEA recordó que Rivera se encontraba bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que reclamó verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, el organismo regional instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar plenamente las libertades de expresión, prensa, asociación, religión y participación política, así como a poner fin a las medidas que han privado de la nacionalidad a cientos de ciudadanos y obligado al exilio a numerosos opositores y críticos del gobierno.
La resolución también exhorta al Estado nicaragüense a crear las condiciones necesarias para la celebración de procesos electorales libres, transparentes y competitivos, en consonancia con los principios democráticos y las normas interamericanas.
Ocho años de crisis
La situación de Nicaragua continúa siendo motivo de preocupación internacional desde la crisis iniciada en abril de 2018, cuando una ola de protestas antigubernamentales fue respondida con una fuerte represión estatal que dejó centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.
La crisis se profundizó tras las elecciones presidenciales de 2021, celebradas con varios aspirantes opositores encarcelados y posteriormente expulsados del país, en un proceso ampliamente cuestionado por la comunidad internacional.
Desde entonces, diversos organismos multilaterales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos han denunciado un acelerado deterioro de las libertades públicas y del Estado de derecho en Nicaragua.
La puerta al diálogo sigue abierta
Pese al tono crítico de la resolución, la OEA dejó abierta una vía de acercamiento diplomático al reiterar su disposición para facilitar el eventual retorno de Nicaragua al organismo regional.
El Gobierno nicaragüense formalizó su salida de la OEA en 2021, tras denunciar la Carta de la organización en medio de crecientes tensiones con la comunidad internacional.
Con esta resolución, la Asamblea General reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en el continente, al tiempo que envía un mensaje de respaldo a las víctimas de la crisis nicaragüense y de presión política al gobierno de Managua para que revierta las medidas cuestionadas por la comunidad internacional.
