La escena duró apenas unos minutos, pero resumió mejor que cualquier comunicado los seis meses que lleva este arreglo.
En una zona devastada de La Guaira, con sobrevivientes todavía atrapados bajo los escombros del doble terremotodel pasado 24 de junio, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, bloqueó el paso de un vehículo que trasladaba rescatistas estadounidenses. Uno de ellos lo enfrentó frente a las cámaras de los celulares que registraban el momento y le reclamó que había alguien pidiendo ayuda a pocos metros y que su trabajo estaba siendo saboteado.
La escena era un poco inverosímil. Cabello es, desde hace años, uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos. Sobre él pesa una acusación por narcotráfico y una recompensa de 25 millones de dólares por información que lleve a su captura.
En Washington, la reacción no se hizo esperar. Los congresistas republicanos Carlos Giménez y María Elvira Salazar, junto al senador Rick Scott, exigieron su arresto y lo acusaron de obstaculizar la ayuda humanitaria.
«Solo un criminal se interpondría entre los rescatistas y las personas atrapadas», escribió Salazar en X.
Sin embargo, la respuesta oficial fue otra.
Consultado por el canal ‘NTN24’, el Departamento de Estado describió el episodio como un «desafortunado malentendido» entre un equipo de rescate estadounidense y «las autoridades interinas venezolanas», y dijo que el incidente ya estaba resuelto. No hubo ninguna mención a la recompensa ni a los cargos pendientes.
El hombre al que la diplomacia estadounidense persiguió durante años quedó amparado en un comunicado de esa misma diplomacia.
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Un retorno abortado en dos capitales
Algo similar ocurrió con María Corina Machado. La líder opositora y premio Nobel de la Paz anunció tras los terremotos que había llegado la hora de volver a Venezuela, de donde se fue en diciembre de 2025 para recibir el galardón en Oslo.
El pasado 29 de junio denunció desde Ciudad de Panamá que el Gobierno de Delcy Rodríguez había cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su ingreso, una medida que calificó de inconcebible en plena emergencia.
Pero, al parecer, el freno no vino únicamente de Caracas. Según reveló ‘The Wall Street Journal’, Machado viajaba el 26 de junio en un avión privado desde Virginia rumbo a Curazao cuando funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump le pidieron que regresara.
De acuerdo con el medio económico estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio le habría pedido paciencia para no dañar lo que considera una frágil relación de trabajo con la presidenta interina.
La justificación de Washington fue reveladora. Ante la decisión venezolana de cerrar el espacio aéreo, la portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano, declaró que «Venezuela sigue siendo un país soberano» y que sus autoridades «tienen la última autoridad sobre su territorio».
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Soberanía a la carta
El argumento de la soberanía proviene del mismo Gobierno que en enero capturó a Nicolás Maduro en una operación militar sobre Caracas y lo trasladó a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo. Desde entonces, la Administración que lidera Rodríguez, avalada por el Tribunal Supremo de Justicia, opera bajo condiciones que sus críticos describen directamente como un protectorado.
En cuanto al esquema económico vigente, ninguna petrolera puede operar en el país sin una licencia, avales que Washington puede revocar de un día para otro. El dinero que genera el crudo no queda en manos del Banco Central venezolano, sino que pasa por cuentas que supervisa el Departamento del Tesoro. Y si Caracas quisiera firmar un contrato con China, Rusia o Irán, necesitaría antes el permiso de la Casa Blanca.
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La presencia física también está a la vista. Tras los terremotos, más de 900 militares estadounidenses participan de las tareas de emergencia y un contingente de la Fuerza Aérea repara el aeropuerto de Maiquetía, la principal puerta de entrada de la ayuda.
En mayo pasado, la ONG Provea denunció como una «flagrante cesión de la soberanía» el sobrevuelo de aeronaves del Comando Sur sobre Caracas, autorizado sin pasar por la Asamblea Nacional como exige la Constitución.
Trump, por su parte, ha repetido que Estados Unidos controla el flujo del petróleo venezolano y llegó a sugerir que Venezuela podría convertirse en el estado 51 del país norteamericano.
Según su más reciente declaración patrimonial, divulgada por la Oficina de Ética Gubernamental estadounidense, Trump mantiene registrada en Venezuela su marca «TRUMP HOME», inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual venezolano en varias clases de productos para el hogar, desde utensilios de cocina hasta textiles, informó la agencia EFE.
El documento no reporta actividad comercial ni ingresos asociados a la marca en el país. Pero es la primera vez que el mandatario la incluye en una declaración de este tipo, y lo hace justo cuando ambos países reanudan relaciones tras la captura de Maduro.
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Nadie manda solo
Para María Corina Roldán, estratega y analista política venezolana, presidenta de la consultora Elevation Pol y fundadora de Grupo NOIA, la pregunta sobre quién manda en Venezuela parte de una premisa equivocada: la de buscar un liderazgo único donde lo que existe es una mesa de poder compartido.
«No hay una persona que realmente mande. Es un equipo que de una u otra forma está tratando de llegar a acuerdos para poder llegar al punto B, que es la democracia», explica en diálogo con France 24.
Los tomadores de decisiones de la transición, sostiene, «se encuentran entre Marco Rubio, Donald Trump y Delcy Rodríguez«, a los que incluso podría sumarse Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria interina. Y advierte que hay que distinguir entre lo visible y lo que se negocia puertas adentro: «Una cosa es lo que uno ve en el ‘front stage’ de la política y otra es lo que ocurre en el ‘backstage’, que solo lo conocen quienes están realmente ahí».
Esa arquitectura, señala la analista, no es una anomalía sino una característica de los modelos que inspiran el proceso. Roldán recuerda que Rubio mencionó en sus primeras declaraciones que la transición venezolana toma como referencia las de Paraguay tras la dictadura de Alfredo Stroessner y la de España después de Francisco Franco.
La razón por la que figuras del chavismo permanecen en el poder responde, en su lectura, a una lógica práctica: «Al final ellos son los que te van a ir guiando dentro de ese enjambre institucional que han creado. Alguien tiene que decirte, cuando entras a una casa, que los cubiertos están en el tercer piso y no en la cocina».
El punto de partida, además, es un Estado en ruinas. Roldán subraya que Venezuela llegó a la transición quebrada y con su institucionalidad destruida, algo que la emergencia del terremoto dejó en evidencia.
La transición sin fecha
El reconocimiento de Washington al gobierno interino se construyó por etapas.
En marzo, el Departamento de Estado restableció relaciones diplomáticas y notificó a un tribunal federal de Nueva York que considera a Rodríguez «la única jefa de Estado» con capacidad de actuar en nombre de Venezuela.
En abril, el Tesoro retiró su nombre de la lista de sancionados. Cada paso estuvo condicionado, según la propia diplomacia estadounidense, a avances hacia una transición democrática.
El problema es que esa transición no tiene calendario. Ni Washington ni el Palacio de Miraflores han fijado una fecha para las elecciones
La propia Administración Trump exhibe fisuras internas: según informes de prensa, la CIA recomendó no respaldar el regreso de Machado, mientras Rubio apoyaba su retorno.
Sobre ese punto, Roldán coincide con quienes consideran que el momento no ayuda a la líder opositora: «La atención mediática se tiene que ir a las víctimas, a las donaciones, a la reconstrucción del país, y no a que si María Corina entró, salió o la detuvieron».
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El terremoto como cisne negro
Para la analista, los sismos del 24 de junio alteraron el tablero en contra de la presidenta interina.
«No hay nada que revele más la incompetencia de un gobierno que un desastre natural», afirma, y traza un paralelo con el México de 1985: la parálisis del PRI ante el terremoto de ese año no derribó al partido de inmediato, pero «las bases para su caída se cimentaron en la gestión del terremoto», con el surgimiento de liderazgos comunitarios que años después transformaron la política mexicana.
Algo similar detecta hoy en la opinión pública venezolana, que pasó de reclamar la intervención de actores externos a una premisa de autosuficiencia: «El pueblo venezolano saca adelante al pueblo venezolano».
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Roldán ve en el video de Cabello y el rescatista un catalizador de esa narrativa. Que un hombre por cuya captura Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares converse cara a cara con equipos estadounidenses sin consecuencia alguna, señala, golpea la credibilidad del relato oficial sobre la transición.
«Para los venezolanos queda como una especie de bloqueo de todo lo que se ha construido hasta ahora», explica. «Y eso termina por fortalecer la idea de que no necesitamos a los demás, porque incluso ante la peor crisis que estamos viviendo, son los venezolanos los que están sacando a los venezolanos adelante», añade.
Hacia adelante, Roldán no duda de que «el tutelaje de esta transición lo va a tener Estados Unidos», porque el vínculo entre ambos países, recuerda, fue históricamente el de socios petroleros y comerciales hasta la llegada de Hugo Chávez.
De todas maneras, anticipa que ese tutelaje podría quedar bajo mayor escrutinio después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, en las que proyecta un retroceso republicano: un Congreso adverso, estima, no frenaría el proceso, pero podría volverlo «más ordenado, más estructurado».
Su proyección a un año, admite, quedó en suspenso el 24 de junio. El terremoto es lo que en análisis político se llama un cisne negro, un evento que reconfigura todos los escenarios.
Con EFE y medios locales
