Cuatro años después de haber sido extraditado a Estados Unidos, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández volvió este domingo a Honduras para responder ante la justicia por acusaciones de corrupción. El exmandatario, que gobernó entre 2014 y 2022 y fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico en territorio estadounidense, llegó tras recibir un indulto total del presidente Donald Trump en diciembre de 2025.
Tras su regreso a Honduras, Juan Orlando Hernández insiste en su «inocencia»
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«Un hondureño más»
Hernández aterrizó en el aeropuerto internacional de Palmerola, a unos 75 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa, en un vuelo privado procedente de Miami. Allí fue recibido por familiares, dirigentes del Partido Nacional y decenas de simpatizantes que portaban camisetas blancas y azules con mensajes de bienvenida y ondeaban banderas de la formación política a la que pertenece.
«Vengo como un hondureño más, que construye, edifica, unifica dentro de mi partido y afuera de mi partido», declaró ante miles de seguidores reunidos en una finca cercana al aeropuerto. El exgobernante afirmó que ha atravesado «situaciones difíciles» y que no bajará la cabeza mientras, según él, «la verdad» lo acompañe.
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El expresidente también aseguró que continuará defendiendo los bienes de su familia que fueron confiscados después de su extradición a Estados Unidos. Según Hernández, muchos de esos bienes pertenecían a sus padres y fueron adquiridos décadas antes de que él naciera.
Aunque había anunciado su intención de alejarse de la política para concentrarse en su familia, Hernández dejó abierta la posibilidad de intervenir en el debate público si considera que Honduras enfrenta amenazas por «posturas radicales». También llamó a evitar divisiones dentro del Partido Nacional y pidió fortalecer las instituciones del país.
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El caso Pandora II
El próximo 3 de agosto, Hernández deberá comparecer ante un juez en una audiencia inicial de declaración de imputado por un caso relacionado con el desvío de fondos públicos para financiar su campaña política de 2013. La investigación forma parte del expediente conocido como «Pandora II«, vinculado a una red de corrupción que operó entre 2010 y 2013.
Según el Ministerio Público hondureño, los acusados habrían facilitado desembolsos por más de 288 millones de lempiras, unos 10,8 millones de dólares, destinados a dos fundaciones. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) sostiene que parte de esos recursos habría terminado beneficiando la campaña de Hernández mediante empresas de fachada, testaferros y contratos ficticios.
La Fiscalía señala que el exmandatario habría recibido al menos 62 millones de lempiras, alrededor de 2,3 millones de dólares, procedentes de esos mecanismos. Hernández rechaza las acusaciones y afirma que el expediente «carece de cualquier fundamento jurídico».
El caso también salpica a otros antiguos funcionarios, empresarios y particulares, además del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), cuyo proceso terminó con un sobreseimiento definitivo. En junio, un juez hondureño suspendió la orden de captura contra Hernández y la alerta roja internacional emitida por Interpol, aunque la investigación continúa abierta.
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«Jefe de todos los jefes del narcotráfico»
Hernández había sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, poco después de dejar la presidencia. Su condena por narcotráfico fue considerada por muchos hondureños como un momento excepcional para enfrentar la impunidad de altos funcionarios, debido a los cuestionamientos sobre la capacidad del sistema judicial nacional para procesarlo.
El indulto concedido por Donald Trump sorprendió a sectores hondureños y estadounidenses. El presidente estadounidense afirmó que Hernández no había recibido un juicio justo y sostuvo que el caso había sido impulsado políticamente por la administración de Joe Biden.
Ahora, abogados y defensores de derechos humanos advierten que el nuevo proceso enfrenta grandes desafíos. Joaquín Mejía, abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), señaló que existe una parte de la sociedad hondureña que observa el regreso del expresidente con indignación, pero que permanece en silencio por temor.
«Estamos hablando del jefe de todos los jefes del narcotráfico», afirmó Mejía, al cuestionar las posibilidades de que el proceso avance con independencia.
Para Luis Javier Santos, exjefe de la UFERCO y uno de los investigadores del caso, el regreso de Hernández refleja un retroceso en la lucha contra la corrupción. Santos denunció que su salida de la unidad fiscal en febrero evidenció intentos de frenar investigaciones contra antiguos funcionarios.
Con AP y EFE
