Víctor llegó a Texas cuando tenía 17 años, luego de que su tío y cuidador fuera asesinado en Guatemala. Se entregó en la frontera, mientras su madre, que ya se encontraba en Estados Unidos, seguía todas las instrucciones que le dio la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) para reunirse con él.
Fue liberado después de cuatro meses en un centro de acogida de la ORR, la noche antes de convertirse en mayor de edad. «Estaba tan feliz», relató su madre Marleny. «Entonces no sabía lo que Dios tenía preparado para mí”.
Dos meses después, Marleny y su compañero, que al igual que ella se ofreció como patrocinador para recibir y responsabilizarse por Víctor, fueron detenidos a punta de pistola por sujetos no identificados, que resultaron ser agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Las pistas que habían conducido a ellos, ambos migrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos de forma irregular, fueron aportadas por la ORR, la agencia que debía haber protegido los datos de Víctor y sus familiares, y blindarlos en contra de la deportación.
Ahora están detenidos, mientras Víctor cuida de su hermano menor de seis años e intenta “seguir adelante”, sabiendo que la suerte de su madre está echada, gracias en parte a una entidad cuyo papel debía limitarse a facilitar la reunificación familiar, sin consecuencias por el estatus migratorio de los involucrados.
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¿Qué es la ORR y cómo ha cambiado sus políticas?
La ORR fue creada en 1980 para contribuir en el reasentamiento de refugiados que huían de la violencia y la persecución en sus países de origen y desde 2000 recibió también la encomienda de alojar a menores no acompañados que llegaban a la frontera sur, como fue el caso de Víctor.
Esta tarea, en teoría, excluía a la agencia de la aplicación de la ley migratoria. En 2008, la ORR recibió la instrucción de reducir al mínimo posible la permanencia de menores en centros de acogida, por lo que el estatus legal de sus patrocinadores dejó de ser tomado en cuenta como un criterio para asignar la custodia.
Eso permitía que las familias reunidas en virtud de las gestiones de la ORR quedaran protegidas de la acción de ICE, incluso si habían entrado de manera irregular al país.
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Así fue hasta el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De acuerdo con documentos conocidos por la agencia de noticias Reuters, la ORR ha compartido con ICE 460.000 datos de migrantes a los que ha asistido, dejándolos expuestos a la detención y posterior deportación.
De hecho, datos internos del Gobierno revisados de forma exclusiva por Reuters permiten concluir que la información compartida ha llevado al arresto de más de 12.000 personas por parte de las autoridades migratorias.
«Están utilizando un programa de bienestar infantil como arma con el fin de más deportaciones», advirtió Jen Smyers, que fue subdirectora de la ORR durante el Gobierno de Joe Biden, quien denuncia que las salvaguardas que buscaban preservar los datos de los asistidos por la agencia se han “revertido por completo”.
La ORR niega los señalamientos, asegurando en respuesta a una consulta de Reuters que “no juega ningún papel en la detención de menores”, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), del que depende ICE, confirmó que la entidad “ha proporcionado a ICE posibles pistas investigativas” para detectar a “patrocinadores no verificados”.
Así se obtienen las pistas para cazar patrocinadores
El tiempo promedio que los menores no acompañados pasan en refugios para niños migrantes ha aumentado de 30 días en el año fiscal de 2024 a 194 en junio de 2026.
Esos más de cinco meses adicionales de media son empleados, según la ORR, en afinar los mecanismos de verificación para, supuestamente, proteger a los menores de cualquier daño.
Se exigen huellas dactilares de todos los miembros de la familia, documentos de todo tipo, pruebas de ADN y verificación de antecedentes, un procedimiento que ha contribuido a aumentar el tiempo de detención, dejando huellas en muchos niños.
Aurora, una madre que compartió su historia con Reuters, relata que su hija de seis años «se levanta y llora, pensando que sigue detenida», luego de seis meses sola en un centro para menores.
La mujer emigró a Estados Unidos hace dos años, en busca de oportunidades de trabajo y seguridad. Dejó a su hija en México, por miedo a que fuera muy pequeña para el peligroso cruce del desierto, pero cuando la niña tenía seis años, un familiar la dejó en la frontera sur, el mismo procedimiento que se lleva a cabo con miles de menores no acompañados cada año.
Aurora pasó seis meses luchando para reunirse con su hija. Un día antes de que la niña le fuera entregada, agentes de ICE la visitaron en su casa y le indicaron presentarse en la oficina de la agencia la siguiente semana.
«Me preguntaron si tenía algún problema en Estados Unidos y yo dije ‘no, porque no he hecho nada malo’. Solo trabajo”, relató la mujer.
Cuando se presentó a la cita junto a su hija, ambas fueron detenidas y enviadas al centro de reclusión familiar de ICE en Dilley, Texas. Allí permanecieron tres semanas.
Ahora, Aurora lleva un dispositivo de monitoreo en el tobillo, fue desalojada por su casero en Mississippi, se mudó a California con una amiga que aceptó recibirlas a ella y a su hija y debe presentarse a revisiones periódicas a la espera de que se inicie su juicio en tribunales de inmigración.
Otro tanto sucedió con Marleny, la madre de Víctor. Ella y su pareja compartieron sin reparos su información con la ORR, conscientes de que estaban “limpios, limpios”, sin antecedentes penales que pudieran poner en riesgo su situación, a pesar de que ambos habían entrado de forma irregular a Estados Unidos.
«Hemos visto a tantos patrocinadores arrestados y arrestos colaterales junto a ellos», señaló Alexa Sendukas, abogada gerente del Proyecto de Representación de Inmigrantes Galveston-Houston (GHIRP).
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Con Reuters
