La normativa amplía la protección frente a la violencia, las estafas, el acoso, la corrupción y los delitos cometidos a través de medios digitales, mientras contempla acumulación de penas de hasta 60 años en casos de extrema gravedad.
Santo Domingo.– La República Dominicana cuenta desde este 5 de agosto con un nuevo Código Penal que introduce cambios relevantes en el tratamiento de delitos que afectan de manera directa la vida cotidiana de los ciudadanos, incluyendo nuevas respuestas frente al robo de identidad, el acoso digital, la difusión de contenido privado, las estafas, la violencia intrafamiliar y diferentes modalidades de corrupción.
Una guía divulgativa elaborada para explicar el alcance de la nueva legislación destaca que la reforma busca acercar las disposiciones penales a situaciones que ocurren en el hogar, las escuelas, los lugares de trabajo, los negocios, las redes sociales y otros espacios de la vida pública.
Entre los aspectos resaltados figura una mayor atención a los delitos vinculados al entorno digital. Se incluyen conductas como el robo de identidad, el acoso mediante plataformas digitales, la utilización de contenido falso con intención de causar daño y la difusión sin autorización de fotografías, videos o audios privados. También se aborda la creación o alteración de imágenes, videos y audios utilizados para engañar o perjudicar a una persona, incluyendo los denominados deepfakes.
La normativa también refuerza la protección de niños, adolescentes y personas vulnerables, contemplando conductas como el abandono de menores y adultos mayores, el hostigamiento, el bullying escolar y el acoso cibernético. Asimismo, presta especial atención a la violencia doméstica e intrafamiliar y reconoce manifestaciones de violencia física, psicológica o verbal, económica y patrimonial.
En materia económica, la guía destaca las estafas inmobiliarias, piramidales y colectivas, además de diferentes modalidades de robo, entre ellas la sustracción de metales, celulares, dispositivos electrónicos y piezas de vehículos. También contempla la invasión de propiedades.
Otro de los cambios relevantes está relacionado con la responsabilidad de las personas jurídicas. Según el documento, una empresa puede responder por delitos cometidos en su interés o beneficio, particularmente cuando obtiene ganancias derivadas de prácticas ilegales o cuando existe falta de control frente a conductas delictivas dentro de la organización. Las consecuencias pueden incluir multas, prohibiciones y otras restricciones.
Corrupción y abuso de poder
El nuevo marco penal dedica especial atención a conductas vinculadas con la administración pública, entre ellas el soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, contratos amañados y enriquecimiento ilícito.
En el ámbito de las sanciones, uno de los elementos destacados es el cúmulo de penas. Cuando una persona comete varios delitos, estos pueden ser considerados separadamente y sus penas acumularse. En casos que involucren múltiples hechos de extrema gravedad, la pena total puede alcanzar hasta 60 años, de acuerdo con la explicación contenida en la guía.
La reforma también contempla medidas sociojudiciales orientadas al seguimiento, supervisión, educación y reintegración, buscando que la respuesta penal no se limite exclusivamente al castigo, sino que contribuya a evitar la repetición de determinadas conductas.
La guía advierte, sin embargo, que se trata de un material de orientación elaborado en lenguaje sencillo y que no sustituye el texto de la ley ni la asesoría jurídica necesaria para analizar casos particulares. Su propósito es facilitar que la ciudadanía conozca las principales conductas sancionadas y comprenda cómo el nuevo Código Penal puede incidir en su vida diaria.
