Estados Unidos amplió sus sanciones contra Cuba con medidas dirigidas a tres funcionarios y nueve entidades estatales, a la par que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel aprobó nuevas reformas para flexibilizar la actividad privada y diversificar el sistema empresarial de la isla.
Estados Unidos amplió este jueves 20 de agosto su campaña de presión sobre Cuba con nuevas sanciones contra funcionarios y entidades estatales vinculadas con sectores como la minería, el comercio exterior y la industria metalúrgica. Entre las entidades señaladas también se encuentra el Ministerio de la Construcción.
Washington sostiene que estas organizaciones contribuyen al sostenimiento del aparato estatal cubano y, según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, forman parte de una estructura que durante décadas habría utilizado grupos pantalla para infiltrarse entre ciudadanos estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos.
Rubio, de origen cubano y primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen latino, afirmó además que las nueve entidades sancionadas «sostienen y financian el aparato represivo del régimen» de La Habana.
Las medidas se enmarcan en la estrategia de la Administración estadounidense para aumentar la presión económica y política sobre el Gobierno cubano y promover cambios en la isla.
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Apertura al sector privado, a la fuerza
Mientras Washington endurece las restricciones, el Gobierno cubano avanza en la dirección contraria en materia económica, con nuevas medidas destinadas a ampliar el espacio para la actividad privada.
El Consejo de Estado aprobó tres nuevos decretos que se incorporan a un paquete de alrededor de 176 reformas económicas orientadas a transformar el sistema empresarial cubano, bajo la presión de Estados Unidos, que ha pedido que Cuba cambie su sistema económico.
Una de las principales normas modifica tres decretos leyes relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia.
El objetivo declarado es eliminar restricciones, favorecer el desarrollo empresarial y ampliar la diversidad del sistema económico.
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Entre los cambios figura la posibilidad de que empresas privadas gestionen hoteles y alquilen automóviles para uso personal o turístico. También se habilitarán nuevos servicios privados de transporte de pasajeros y se prevé que las licitaciones sean obligatorias para determinados procesos de contratación.
Las reformas contemplan además que personas naturales puedan importar mercancías con fines comerciales, una medida que amplía el margen de actuación de los actores privados en un país donde el Estado ha mantenido históricamente un papel dominante en la economía.
Así, las nuevas medidas económicas de La Habana avanzan mientras las sanciones de Washington vuelven a concentrarse en empresas y funcionarios vinculados al aparato estatal cubano.
