
Tribunal desestimó reclamos contra el Estado por contrato de basura
SANTO DOMINGO.– La República Dominicana obtuvo una victoria en un arbitraje internacional por más de US$100 millones, luego de que un tribunal desestimara en su totalidad las reclamaciones presentadas por el empresario francés Yves Martine Garnier contra el Estado dominicano por la terminación de un contrato para la recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este.
El laudo, dictado el 19 de agosto de 2026, fue emitido en el marco del Acuerdo entre Francia y República Dominicana sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en 1999.
El procedimiento fue iniciado el 4 de octubre de 2021 y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso número 2022-01. La reclamación tenía su origen en la terminación del contrato de concesión para la gestión y recolección de residuos sólidos suscrito entre EGTT Dominicana, S.A., empresa vinculada al demandante, y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
De acuerdo con la decisión arbitral, la terminación de la concesión se produjo conforme al derecho dominicano, debido a deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana en la prestación del servicio.
Asimismo, el tribunal concluyó que los hechos planteados por Garnier no alcanzaban el nivel requerido para establecer una violación de las obligaciones internacionales asumidas por República Dominicana mediante el tratado de inversiones.
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, afirmó que la defensa del Estado también implica preservar la seguridad jurídica y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.
La defensa dominicana fue coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Posteriormente se incorporó el Ministerio de Justicia, que, conforme a la Ley 80-25, asumirá la representación del Estado en los arbitrajes de inversión.
Para el proceso, República Dominicana contó con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, desde su oficina en Washington, D.C.
El Gobierno consideró el resultado como parte de su política de defensa activa frente a litigios de inversión, con el objetivo de proteger los recursos públicos y mantener condiciones de seguridad jurídica para la inversión extranjera.
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República Dominicana gana arbitraje internacional por más de US$100 millones tras ser desestimadas las reclamaciones por un contrato de residuos sólidos.












