Un contrato legal, una huida a Texas, la intervención de políticos conservadores, dos decisiones judiciales contrarias… Una mujer que firmó un contrato de subrogación ha acudido a la Corte Suprema para ganar la custodia del bebé al que gestó, en un caso que podría marcar un antes y un después para los llamados vientres de alquiler.
McKenna West firmó un contrato de subrogación con una pareja de California, Omar Ahmed y Nausheen Gilkar, pero cuando cursaba 20 semanas de embarazo, los médicos detectaron una grave cardiopatía en el bebé que llevaba en su vientre, el síndrome hipoplásico del ventrículo izquierdo.
Los padres biológicos estuvieron de acuerdo con la recomendación de interrumpir el embarazo y programaron un aborto, «tras desgarradoras consultas con profesionales médicos y su propia investigación sobre el sufrimiento y la calidad de vida que sufren los bebés con ese padecimiento”, según rezan los documentos oficiales de los abogados de la pareja.
Sin embargo, aunque inicialmente estuvo de acuerdo, West cambió de opinión y no se presentó a la cita en la que estaba programada la interrupción del embarazo, tres semanas después del diagnóstico.
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En cambio, se fue de Alaska, donde residía, a Texas, un estado en el que las leyes antiaborto contemplan pocas excepciones, con el apoyo de líderes religiosos y políticos conservadores, entre ellos el fiscal general y candidato a senador Ken Paxton.
Los padres biológicos del niño denunciaron que la mujer había roto el contrato de subrogación, firmado a través de la empresa Worldwide Surrogacy Specialists, LLC en 2025.
Paxton planteó que el bebé fuera tratado en Texas y la organización conservadora Alliance Defending Freedom asumió la defensa legal de West.
El bebé, al que West llama Gabriel, mientras que los padres biológicos se refieren a él como Rumi, nació en agosto y tuvo que ser operado de inmediato.
Eso no ha aliviado su condición y se mantiene en estado grave, con la perspectiva de que tenga que ser sometido a nuevas intervenciones, incluso a un trasplante de corazón, según apuntan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en estos casos.
Aun en caso de sobrevivir, es probable que arrastre graves consecuencias de salud producto de la cardiopatía.
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Batalla en los tribunales
West fue inicialmente favorecida por la intervención de Paxton, que consiguió que un tribunal de Texas aprobara un recurso de emergencia para impedir que el bebé fuera retirado del estado.
Omar y Nausheen, los padres biológicos, acusaron al fiscal de convertir una tragedia familiar en un “teatro político”.
«West está perjudicando a Rumi al trasladarse a Texas, lo que le obliga a nacer en Texas, lejos de sus padres y del equipo cardíaco especializado en Los Ángeles que le proporcionará cuidados de por vida», argumentó la representación legal de la pareja en un documento judicial. «Sus acciones están obligando a Rumi a comenzar tratamiento (incluida una cirugía cardíaca crítica) en un estado y ser trasladado a otro”.
Los alegatos de la pareja no fueron suficientes en ese momento, pero el 2 de septiembre, un juez de California reconoció a Omar y Nausheen como los padres del niño, otorgándoles la patria potestad.
La pareja obtuvo luego una orden de alejamiento contra West, que fue emitida por un tribunal de Texas que convalidó la decisión de la corte de California.
Ahora, McKenna ha presentado una apelación de emergencia, con la que intenta que la Corte Suprema revierta la orden judicial de California y reconozca sus derechos parentales sobre el bebé de cuatro semanas.
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La mujer basa su petición en la presunción de que los padres biológicos planean ingresar al niño en cuidados paliativos en California, en lugar de realizar una cirugía que podría salvarle la vida.
La maternidad subrogada no goza de una regulación federal y cada estado tiene sus propias leyes al respecto.
Pero la Corte Suprema ya ha hecho prevalecer su mayoría conservadora en otros casos, como la decisión de revocar en 2022 el histórico fallo de Roe v. Wade, que consagraba el aborto como un derecho constitucional, tras lo cual la legislación al respecto volvió al ámbito de cada estado.
Con AP y EFE
