Las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron el dictamen de una iniciativa conocida como «ley antimemes», que ha despertado inquietudes sobre posibles prácticas de censura digital en México, particularmente en torno a las parodias o sátiras inspiradas en el gobierno.
La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de mayo de 2026 y turnada al Senado. Contempla modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI). Forma parte de un conjunto más amplio de reformas que, según el gobierno federal, buscan fortalecer el marco penal en materia de propiedad intelectual y alinearlo con compromisos internacionales como el T-MEC.
Claudia Sheinbaum negó que Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión sea un mecanismo de censura. Reconoció que es necesario ajustar la redacción de los artículos sobre las plataformas digitales.
Entre las propuestas destaca la adición del artículo 403 Bis a la LFPPI, que crea un delito relacionado con el uso indebido de la identidad gubernamental. En su redacción original, castigaba con entre tres y siete años de prisión y multa de 1,000 a 10,000 UMA a quien utilizara, reprodujera, imitara o incorporara, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier signo oficial de los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno para «inducir a error o engaño a una o más personas» a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, digitales o tecnológicos.
Tras las críticas, las comisiones modificaron el artículo. Según reportes, la pena bajó a entre uno y cinco años de prisión y se precisó que el propósito debe ser engañar sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio o sistema informático, y que el uso debe hacerse a escala comercial. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, rechazó que la reforma plantee cárcel para memes o parodias. Como ejemplo, mencionó sitios de internet que usan imágenes de instituciones públicas para aparentar ser oficiales y después engañar a los usuarios o pedirles dinero.
Aun así, diversos críticos sostienen que el artículo podría vulnerar la libertad de expresión. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, afirmó que “castigar con hasta siete años de cárcel a quien haga un meme o una parodia no es propio de una democracia. Cuando se pretende silenciar la crítica, la sátira y la libre expresión, se cruzan límites peligrosos. Por eso rechazamos esta propuesta, exigimos que se detenga y votaremos en contra. La libertad de expresión no se negocia”.
