Una votación con desenlace incierto hasta el último momento. El pleno extraordinario del Congreso debate y vota este viernes los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado martes. Sin embargo, el rechazo de Junts, anunciado la noche anterior, se suma a las posiciones contrarias ya anticipadas por el Partido Popular y Vox. UPN también ha anunciado su voto en contra. Con este escenario, los dos textos tienen por delante un difícil camino para ser convalidados.
El Gobierno decidió mantener la votación pese a la petición de Junts de retirar ambos decretos. El Ejecutivo sostiene que las normas han sido elaboradas durante meses y que incorporan buena parte de las demandas planteadas por diferentes grupos parlamentarios.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido a Junts que cambie su posición y, como mínimo, se abstenga. Según Rodríguez, el Gobierno habría incorporado alrededor del 90% de las propuestas planteadas por la formación independentista catalana.
¿Qué contienen los dos decretos?
El primero concentra la mayor parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo: amplía la protección frente a los desahucios hasta 2030, introduce regulación sobre los alquileres de temporada y de habitaciones, limita hasta 2028 determinadas compras de vivienda por parte de fondos de inversión y grandes operadores y contempla una prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler.
El segundo decreto está centrado fundamentalmente en la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida concebida para evitar que determinados inquilinos queden sin protección al finalizar sus contratos.
La votación, por tanto, no se limita a una única reforma: pone en juego un paquete de medidas destinado a intervenir sobre distintos puntos de una crisis que afecta al acceso a la vivienda, los alquileres y los procedimientos de desahucio.
Junts mantiene el ‘no’ y presenta su propio texto
Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, confirmó este viernes que su grupo mantiene el rechazo a ambos reales decretos. La formación reclama al Gobierno que retire las normas y propone continuar negociando para elaborar un nuevo texto «a puerta cerrada».
Junts ha entregado además a la ministra Isabel Rodríguez una propuesta alternativa de 59 páginas. Entre sus planteamientos figuran una prórroga extraordinaria pactada de los alquileres, modificaciones fiscales, medidas de protección para deudores hipotecarios y límites temporales a la adquisición de viviendas por parte de entidades financieras, fondos de inversión y grandes tenedores.
El documento contempla también medidas para suspender determinados lanzamientos promovidos por grandes operadores hasta finales de 2028, mecanismos contra los desahucios de personas vulnerables y avales estatales destinados a ampliar el parque de vivienda social o asequible.
La posición de Junts es, por tanto, distinta de la del Gobierno no tanto en la existencia de una crisis habitacional como en la respuesta legislativa que debe darse a ella. La formación sostiene que los decretos no frenan suficientemente la especulación y que trasladan a otras familias el coste de proteger a los hogares vulnerables.
El Gobierno busca salvar las medidas
El Ejecutivo ha defendido hasta el último momento que los decretos representan una respuesta inmediata a una situación que considera urgente. Rodríguez ha apelado al conjunto de los grupos parlamentarios para evitar que las medidas decaigan.
El Gobierno también ha dirigido sus críticas al PP y Vox, que han anunciado su rechazo, mientras reclama a Junts que facilite la aprobación de los textos.
En paralelo, otros grupos han pedido a Junts que reconsidere su posición. ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y Coalición Canaria han cuestionado que la formación catalana mantenga unas exigencias que consideran difíciles de conciliar con la necesidad de sacar adelante alguna respuesta legislativa.
El PP, por su parte, mantiene su oposición a los decretos y ha criticado al Gobierno por llevarlos al pleno pese a no contar con los apoyos suficientes.
De Maricarmen a una protesta nacional: Sol mantiene la acampada mientras el Congreso vota
La crisis política de esta semana tiene un detonante concreto: el caso de Maricarmen Abascal, de 87 años.
La mujer fue desahuciada el 23 de septiembre del piso del distrito madrileño de Retiro en el que había vivido durante más de siete décadas. El caso se convirtió rápidamente en un símbolo de la tensión que existe alrededor de los alquileres, los grandes propietarios y la protección de las personas vulnerables. Finalmente, Maricarmen pudo regresar a la vivienda tras un acuerdo con la empresa propietaria, con la intermediación del Ayuntamiento de Madrid.
Pero la movilización que siguió al caso no se explica únicamente por ese desahucio. Las organizaciones de inquilinos llevan años denunciando el encarecimiento de los alquileres, las dificultades de acceso a la vivienda y el desplazamiento de residentes de determinados barrios.
El episodio de Maricarmen funcionó, así, como catalizador de un malestar acumulado durante años y contribuyó a llevar la cuestión de la vivienda al centro del debate político nacional.
La Puerta del Sol continúa siendo el principal escenario de la movilización en Madrid. La acampada comenzó el pasado sábado, después de una manifestación por el acceso a la vivienda, y este viernes alcanza su séptimo día.
Centenares de personas se desplazaron este viernes desde Sol hacia el Congreso para reclamar la aprobación de los decretos. La Policía Nacional estableció un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores de la Cámara y se restringió el tráfico en las calles próximas.
La protesta no se limita a Madrid. Se han producido movilizaciones y acampadas en otras ciudades españolas y hay nuevas manifestaciones convocadas durante el fin de semana. Algunas organizaciones han llegado a plantear una huelga general por la vivienda si las medidas son rechazadas.
La acampada de Sol se mantiene como símbolo de una protesta que pretende trascender la votación de este viernes. Sus organizadores han planteado convertir la movilización puntual en una organización permanente en barrios y comunidades de vecinos.
Una crisis que va más allá de esta votación
El resultado del pleno determinará el futuro inmediato de los dos decretos, pero no resolverá por sí mismo la crisis de vivienda que los ha llevado al Congreso.
La disputa enfrenta distintas propuestas sobre cómo aumentar la oferta, proteger a los inquilinos, limitar determinadas operaciones especulativas y distribuir el coste de las políticas de vivienda entre propietarios, administraciones y grandes operadores.
Para el Gobierno, los decretos constituyen una respuesta urgente a una presión social que ya no puede ignorarse. Para Junts, PP y Vox, los textos no ofrecen una solución adecuada y deben ser rechazados, aunque sus argumentos y alternativas difieren entre sí.
Mientras los diputados votan en Madrid, la presión continúa fuera del Parlamento. El caso de una mujer de 87 años terminó convirtiéndose en el detonante de una movilización que ha colocado una cuestión acumulada durante años —quién puede acceder a una vivienda y bajo qué condiciones— en el centro de la agenda política española.
Con medios locales y EFE
