Paquita López tiene 83 años, Parkinson y una orden de desalojo de la casa en la que lleva viviendo casi 30 años. La recibió el pasado mes de julio pese a que siempre pagó religiosamente su renta de 1150 euros (1287 dólares) por un piso ubicado en la calle Santa Ana 6, en el barrio de La Latina, en Madrid, España. Los propietarios, una familia de herederos con varios edificios en el centro de la capital española y que operan a través de la sociedad Tolesanta SL, quieren expulsarla y no aceptan negociar. Ella teme que su vivienda, la que ocupa desde 1998, termine convertida en un piso turístico ofertado en Airbnb, como varios de los departamentos del bloque.
“Llevo 28 años sin dejar de pagar. Ahora me quieren echar porque quieren meter a turistas y ganar más dinero”, denunció recientemente en un video hecho público por la asociación de vecinos La Chispera, que agrupa a residentes en los barrios céntricos de Lavapiés y La Latina.
La casa de Paquita está a menos de diez kilómetros del Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno y residencia oficial del presidente. Allí compareció el lunes 5 de octubre Pedro Sánchez para anunciar elecciones anticipadas. Tendrán lugar el próximo 29 de noviembre.
La capacidad eléctrica disponible para los centros de datos ya triplica la demanda que España había previsto para 2030.
Existe un hilo conductor entre casos como los de Paquita y la nueva cita con las urnas: el problema de la vivienda, convertido en principal preocupación para el 41% de los españoles según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Plataformas como Airbnb tienen su responsabilidad, según organizaciones como el Sindicato de Inquilinas. “Es una pieza importante de un modelo que convierte la vivienda en un negocio cada vez más rentable para unos pocos y cada vez más inaccesible para quienes buscan un hogar”, dijo Pablo Pérez, uno de los portavoces del colectivo, a WIRED en Español.
Laura Rodríguez, de 38 años, es vecina del mismo bloque de Paquita. La mujer, que trabaja como consultora, explica que fue expulsada de su última vivienda hace unos años. Ella y sus compañeras de piso recibieron un burofax que las ponía en la calle sin opción a renovar contrato. Lograron mudarse al piso de abajo. Meses después, su anterior departamento era una vivienda turística que aparecía en la página de Airbnb. Así que vive bajo un piso ocupado por turistas, con ruidos y molestias, y obligada a pagar mucho más. “En seis años hemos pasado de pagar 900 euros (más de 1000 dólares) a 1500 euros (casi 1700 dólares)”, protesta.
Las últimas semanas fueron vertiginosas en España y centraron la atención en el problema de la falta de vivienda. El pasado 23 de septiembre otra mujer de edad avanzada, Maricarmen Abascal, fue expulsada de su piso en el barrio de El Retiro, en el centro de Madrid. Días después, una protesta contra la especulación y la falta de acceso a departamentos dignos derivó en una acampada en la Puerta del Sol, la principal plaza de la capital española. Allí acude casi a diario Rodríguez.
Esa misma semana, el gobierno de Sánchez (PSOE) presentó dos decretos de urgencia: buscaban limitar la venta de vivienda a los fondos buitre y prohibir el desalojo de personas vulnerables. La mayoría conservadora en el Congreso echó atrás estas medidas y el presidente respondió llamando a las urnas. “A una mayoría social le indigna ver cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos”, dijo el presidente en su declaración. “Ahora comienza una campaña electoral que va a estar profundamente marcada por la vivienda”, consideró Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas.
