
La organización opositora cuestiona la política de seguridad del Gobierno y exige investigaciones, transparencia y resultados verificables.
SANTO DOMINGO.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció un aumento de las muertes registradas durante intervenciones policiales en la República Dominicana y cuestionó la política de seguridad del Gobierno, al exigir investigaciones, rendición de cuentas y resultados verificables en el combate contra la delincuencia.
Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización opositora, informó que los registros de la FP contabilizan 1,152 fallecimientos entre 2020 y octubre de 2026 en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales.
Según los datos presentados, en 2021 se registraron 76 muertes y en 2022 la cifra ascendió a 139. Para 2024 se reportaron 226 casos, mientras que en 2025 se contabilizaron 214. En lo que va de 2026, el registro ronda los 236 fallecimientos. La información divulgada no incluyó cifras correspondientes a 2023.
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Cuestiona la política de seguridad
Reynoso criticó la política de mano dura del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y consideró que sus resultados deben contrastarse con las afirmaciones oficiales sobre la reducción de la delincuencia durante los últimos seis años.
Aunque reconoció que los agentes policiales tienen derecho a proteger sus vidas y las de los ciudadanos ante amenazas reales, advirtió que el uso de la fuerza letal debe ajustarse a los principios de legalidad y proporcionalidad, así como al debido proceso.
La dirigente reclamó investigaciones sobre las muertes ocurridas durante los operativos policiales y pidió fortalecer la capacitación y el equipamiento de los agentes.
También cuestionó las estadísticas oficiales de homicidios. Mientras el Gobierno sitúa la tasa en 7.36 por cada 100,000 habitantes, los cálculos de la organización opositora arrojan una estimación anualizada de 11.8.
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Más de 53,000 órdenes pendientes
La representante de la FP alertó sobre la existencia de 53,877 órdenes de arresto pendientes, cifra que atribuyó a datos de la Policía Nacional.
De ese total, 17,635 corresponden a casos de violencia intrafamiliar; 11,587, a robos; 4,018, a agresiones sexuales, y 2,681, a asesinatos.
Ante este panorama, la organización exigió rendición de cuentas sobre los recursos destinados a los planes de seguridad ciudadana implementados desde 2020 y respaldó la propuesta de diálogo nacional formulada por su presidente, Leonel Fernández.
Como alternativa, la Fuerza del Pueblo defendió una estrategia integral basada en la prevención del delito, la investigación criminal, el uso de tecnología y la coordinación interinstitucional, con respeto a los derechos fundamentales.
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La organización sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad ciudadana debe acompañarse de mecanismos de supervisión y transparencia que permitan evaluar los resultados de las políticas públicas y garantizar el cumplimiento de la ley.











