La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó este martes 17 de noviembre su preocupación por el centro de deportación de migrantes en Ruanda anunciado el lunes tras un acuerdo entre el gobierno del país africano y sus pares de Austria, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos.
A las críticas de la ONU se sumaron también las de Human Rights Watch (HRW), que denunció que el proyecto no cumple los requisitos europeos en materia de derechos humanos y puede exponer a los deportados a abusos, y las de Save the Children, que alertó sobre cómo el acuerdo puede afectar a los menores.
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¿Qué le preocupa a la ONU?
«Aunque no hemos tenido acceso al texto de la propuesta, nos preocupan los riesgos para los derechos humanos que plantea el traslado propuesto de personas desde cinco países de la Unión Europea (UE) a Ruanda, un país con el que (los migrantes) no tienen ningún vínculo real y que afronta sus propios problemas en materia de derechos humanos», afirmó en conferencia de prensa la portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, Marta Hurtado.
En un comunicado, la ACNUDH precisó que la solución a las cuestiones migratorias «no pasa por medidas aisladas, a menudo muy costosas, consistentes en buscar países lejanos que se ocupen de un aspecto de la gestión migratoria, ni por externalizar obligaciones en materia de derechos humanos».
Según el organismo encabezado por el alto comisionado Volker Türk, la respuesta debería ser en realidad «un análisis más profundo de las causas que impulsan la migración«, incluidas las desigualdades y «un sistema económico y financiero injusto que perjudica a numerosos países del Sur Global», así como el aumento de los conflictos.
Al mismo tiempo, la oficina remarcó que muchos países que reciben migrantes sufren el envejecimiento de sus poblaciones, enfrentan escasez de mano de obra en sectores importantes y tienen dificultades para garantizar la sostenibilidad de sus sistemas de protección social.
Es por eso que pide un «enfoque integral», basado en los derechos humanos y que amplíe las vías de migración regular, al tiempo que reconozca además las «enormes contribuciones» de los migrantes a las sociedades y economías europeas.
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¿Por qué Human Rights Watch cuestiona a Ruanda como destino?
«La historia ha demostrado que los traslados a terceros países violan derechos y provocan sufrimiento», afirmó en un comunicado Judith Sunderland, directora asociada de Derechos de Refugiados y Migrantes de HRW.
La organización indicó que el nuevo Reglamento de Retornos de la UE permite establecer centros de deportación en países de fuera del bloque para personas que no puedan ser expulsadas directamente a sus naciones de origen. Sin embargo, la norma dispone que esos acuerdos deben alcanzarse con países que respeten el derecho internacional de los derechos humanos, una condición que Ruanda no cumple, según HRW.
La ONG internacional, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, acusa al gobierno ruandés de mantener un historial de represión de la disidencia, que incluye detenciones y malos tratos contra críticos y opositores, ataques contra defensores de derechos humanos e interferencias en la independencia judicial.
La organización recordó además el papel de las Fuerzas Armadas ruandesas en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde, según HRW, apoyan y ejercen control sobre el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23). Tanto las fuerzas ruandesas como el M23 fueron acusados por organizaciones internacionales de cometer graves abusos y crímenes de guerra durante el conflicto en el este congoleño.
La entidad también apuntó que Alemania, Grecia, Dinamarca y Países Bajos expresaron este mismo año preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda durante el examen periódico del país ante la ONU. Asimismo, criticó que los cinco países europeos que anunciaron el proyecto no presentaran públicamente ninguna evaluación sobre derechos humanos o diligencia debida al difundir la iniciativa.
Según HRW, las deportaciones a terceros países pueden exponer a las personas afectadas a detenciones arbitrarias, malos tratos, situaciones de indigencia o traslados posteriores a lugares donde corran peligro.
«Deportar por la fuerza a personas, incluidos niños, a un país donde las pruebas indican que sus derechos están en riesgo supone una sorprendente abdicación de responsabilidad y humanidad», sentenció Sunderland.
¿Qué riesgos puede haber para los niños?
Por su lado, Save the Children expresó su «preocupación» ante la posibilidad de que haya menores identificados erróneamente como adultos o separados de sus familiares.
Pese a que el pacto excluye a menores y familias, ya que está pensado particularmente para hombres adultos que estén solos, la ONG teme que los niños se vean afectados «directa o indirectamente» por la iniciativa «desde el primer día» en que entre en funcionamiento el centro ruandés. HRW, por su parte, advirtió que el nuevo Reglamento de Retornos europeo sí permite que los centros en terceros países reciban a familias con hijos.
«Un centro de retorno que se encuentre fuera del ámbito jurídico de la UE dificultará el acceso de los observadores independientes y la supervisión del trato que reciben los niños y niñas en dicho centro», afirmó Save the Children en un comunicado.
«Nos preocupa profundamente que los niños puedan ser separados de sus familias y de los adultos de confianza en sus vidas, privados de asistencia legal y retenidos en condiciones similares a las de un centro de detención», indicó la asesora principal de incidencia política de la organización en Europa, Federica Toscano.
La ONG instó a los gobiernos europeos a comprometerse «pública e inequívocamente» a que ningún niño sea enviado, retenido o procesado en un centro de retorno, y a que ese compromiso sea jurídicamente vinculante.
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¿Cómo justifican el acuerdo los cinco países europeos involucrados?
El acuerdo fue anunciado el lunes 16 de noviembre en Viena por el canciller federal austríaco, el conservador Christian Stocker, tras una reunión con los ministros del Interior de Ruanda y de los cinco países europeos.
«Austria, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Grecia quieren inaugurar juntos en 2027 el primer centro de retorno en Ruanda», aseguró el jefe de gobierno austríaco ante la prensa.
Solo podrán ser trasladadas al país africano las personas cuya solicitud de asilo fue rechazada en forma definitiva, es decir, que agotaron todas las vías legales para permanecer en Europa.
Además, su deportación directa a sus países de origen debe resultar imposible, por ejemplo, en los casos en que sus gobiernos se nieguen a readmitirlas. Los menores no acompañados quedan excluidos de la medida.
Stocker habló de un «cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria» de la UE y aseguró que los cinco países buscan «privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio y evitar así las muertes en el Mediterráneo y en otras rutas peligrosas». También apuntan a «aliviar» las capacidades de los países europeos, que estuvieron sometidos a una fuerte presión por los movimientos migratorios de los últimos años.
«Si el retorno al país de origen no es posible, las personas sin derecho de residencia serán devueltas en el futuro a un tercer país, como por ejemplo Ruanda. Porque debemos ser los dueños de nuestra propia casa. Y esto es válido tanto a nivel nacional como en Europa», aseveró el canciller austríaco.
«Lo que promovemos y exigimos es un sistema de migración más sostenible y también más ordenado», añadió en la misma conferencia de prensa la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen.
El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, explicó que el plan se llevará a cabo en cooperación con organizaciones internacionales en cumplimiento de la legislación europea y los derechos humanos
Por su parte, el ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, aseguró que las personas trasladadas a su país serán tratadas con dignidad.
«Debido a nuestra historia, Ruanda comprende muy bien lo importante que es la migración y también lo importante que es la protección de los solicitantes de asilo. Y sabemos que a todos los niveles deben ser tratados con dignidad, de forma justa», sostuvo Biruta.
La Comisión Europea celebró el acuerdo y lo consideró un «enfoque innovador que puede contribuir a hacer frente a la migración ilegal y a mejorar la eficacia de los retornos con pleno respeto del derecho de la UE e internacional».
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¿Qué papel tendrá la OIM?
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia que también forma parte del sistema de las Naciones Unidas, indicó el lunes que recibió una solicitud de Ruanda para prestarle apoyo operativo en el centro y respondió que está abierta a ello.
Sin embargo, aclaró que esa asistencia solo comenzaría una vez que las personas se encuentren en el país africano y se centraría en facilitar el acceso a servicios esenciales como atención sanitaria o apoyo psicológico, entre otros.
El respaldo estará condicionado a que «se respeten las normas internacionales», afirmó la organización en un comunicado, en el que precisó que no participa en expulsiones forzosas, detenciones, actividades policiales o funciones de seguridad.
Según la OIM, “los Estados tienen el derecho soberano de determinar quién puede entrar y permanecer en su territorio, siempre que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional”.
¿Qué norma europea lo permite y qué antecedentes existen?
La iniciativa puede llevarse a cabo gracias al Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en junio y adoptado por la UE el mes pasado. La norma permite por primera vez la creación de centros de retorno en terceros países y busca agilizar las deportaciones.
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El texto contempla la obligación de abandonar de forma inmediata, o en un plazo determinado, el territorio de la UE para los ciudadanos de fuera del bloque en situación irregular, aunque «respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional».
El antecedente más directo es el plan británico con Ruanda, que buscaba enviar a ese país a migrantes recién llegados para tramitar allí sus pedidos de asilo. El Tribunal Supremo británico lo declaró ilegal en 2023 y el gobierno laborista lo canceló definitivamente en 2024.
A diferencia de aquel plan, el modelo europeo está dirigido a quienes ya tienen una negativa definitiva a su pedido de asilo en Europa y no pueden ser devueltos directamente a sus países de origen.
Con EFE












