El presupuesto nacional constituye mucho más que un documento técnico: es la expresión política, económica y ética del modelo de gestión pública de un Estado. En él se condensan las prioridades del gobierno, la distribución del poder económico y las estrategias de desarrollo que orientan la acción pública. En el caso de la República Dominicana, los presupuestos correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026 revelan un fenómeno dual: una expansión nominal de los ingresos y del gasto público, acompañada, sin embargo, de una disminución relativa de la eficiencia fiscal y del crecimiento económico real.
Contradicciones en las proyecciones fiscales
El análisis comparativo de estos tres ejercicios presupuestarios permite observar una serie de contradicciones entre las metas de crecimiento, la estructura de ingresos y gastos, y el peso creciente del endeudamiento como fuente de financiamiento.
El presupuesto de 2025 estimó un crecimiento económico del 5.2% del PIB, mientras que las proyecciones para 2026 anticipan un ritmo menor, en torno al 4.2% (DIGEPRES, 2025).
Paradójicamente, el monto total del presupuesto para 2026 asciende a RD$1.74 billones, frente a RD$1.48 billones en 2025, lo que a primera vista sugiere expansión. Sin embargo, más dinero presupuestado con menor crecimiento económico refleja un proceso de inflación presupuestaria, donde el Estado aumenta el gasto sin un respaldo equivalente en productividad o en crecimiento real del PIB.
Ingresos en aumento, eficiencia en descenso
En 2025, los ingresos estimados fueron de RD$1.24 billones, equivalentes al 15.3% del PIB, una disminución de 0.7 puntos porcentuales respecto a 2024. Para 2026, se proyectan RD$1.34 billones, pero este incremento nominal no se traduce en una mayor eficiencia fiscal.
El peso relativo de los ingresos frente al PIB sigue siendo bajo, y la estructura tributaria continúa fuertemente concentrada en impuestos indirectos (ITBIS, combustibles, consumo), los cuales son regresivos y afectan más a los sectores populares y a la clase media que a las rentas de capital.
Según la CEPAL (2024), este tipo de estructura fiscal reproduce la desigualdad, pues transfiere la carga tributaria hacia los consumidores, mientras las grandes rentas empresariales disfrutan de exenciones y regímenes especiales. En 2025, el 93.5% de los ingresos provino de impuestos corrientes, y apenas el 6.5% de rentas de propiedad, ventas de bienes y transferencias.
El resultado es un Estado que recauda más, pero produce menos, lo que limita su autonomía financiera y lo hace vulnerable a choques externos —como fluctuaciones en el turismo, las remesas o los precios internacionales del petróleo—.
El gasto: más administración que desarrollo
El comportamiento del gasto público es igualmente revelador. En 2025, los gastos corrientes representaron el 88.1% del total, mientras los gastos de capital apenas alcanzaron el 11.9%. Para 2026, la tendencia se mantiene: de los RD$1.62 billones en gastos, casi nueve de cada diez pesos se destinan a consumo estatal, nóminas, subsidios y pago de deuda, dejando poco margen para la inversión productiva.
De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (2025), esta composición del gasto público evidencia una orientación más administrativa que transformadora. La inversión pública —en infraestructura, educación, ciencia, innovación y medio ambiente— sigue siendo insuficiente para impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo.
Mientras tanto, el pago de intereses de la deuda representa ya más del 22% del gasto corriente, cifra que limita las posibilidades de expansión social y reduce el margen de maniobra del Estado para políticas redistributivas.
Implicaciones políticas y sociales
Desde una perspectiva política, esta realidad erosiona el discurso oficial del “Gobierno del cambio”. Aunque el Ejecutivo mantiene una reputación de estabilidad macroeconómica ante los organismos internacionales, el bienestar percibido por la ciudadanía no mejora al mismo ritmo.
El costo de la vida continúa en ascenso, los salarios reales pierden poder adquisitivo y el desempleo juvenil persiste. En consecuencia, el equilibrio fiscal no se traduce en equilibrio social.
El modelo de gasto corriente elevado y baja inversión genera una sensación de inmovilidad estructural: el Estado administra la estabilidad, pero no transforma la economía. En términos políticos, esto debilita la legitimidad del liderazgo gubernamental y alimenta la percepción de que el presupuesto nacional se utiliza más como instrumento de sostenimiento político que como herramienta de desarrollo.
Conclusiones: un pacto fiscal pendiente
El análisis del Presupuesto General del Estado dominicano 2024–2026 revela una paradoja estructural: los montos globales de ingresos y gastos crecen en términos nominales, pero la economía nacional experimenta una desaceleración en su capacidad real de crecimiento y de recaudación efectiva.
El predominio del gasto corriente, la dependencia del endeudamiento y la baja diversificación fiscal reflejan un modelo de administración más que de transformación. El presupuesto 2026 parece más orientado a mantener la operatividad del Estado que a estimular el desarrollo productivo o social.
Superar esta dinámica exige un nuevo pacto fiscal, basado en la productividad, la transparencia y la equidad tributaria. Ello implica fortalecer la progresividad impositiva, revisar las exenciones fiscales, mejorar la eficiencia del gasto público e incentivar proyectos de inversión público-privada que generen retorno real de capital al Estado.
La gestión del nuevo Ministro de Hacienda enfrenta el desafío de reducir el déficit fiscal, disminuir los intereses de la deuda y elevar la inversión de capital, orientando el gasto hacia sectores estratégicos.
Solo así el presupuesto dejará de ser un ejercicio contable para convertirse en un auténtico motor de desarrollo humano y sostenibilidad económica.
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