El autor es comunicador. Reside en Nueva York
POR LUIS M. GUZMAN
La educación pública dominicana no está en crisis, está siendo traicionada por quienes deberían protegerla. Cada paro, cada día perdido, cada currículo mutilado es un golpe directo al futuro de miles de niños. Y lo peor no es la suspensión de clases; lo peor es la complicidad de un país que lo permite, lo normaliza y luego actúa sorprendido ante las consecuencias sociales que esta irresponsabilidad genera.
La ADP ha dejado de ser un gremio docente para convertirse en un instrumento político de alto calibre. Sus paros no responden solo a reivindicaciones; responden a agendas, manipulaciones y cálculos. Lo que debería ser un movimiento profesional se convirtió en una maquinaria de presión con la capacidad de paralizar el país… menos para enseñar. Hoy, el gremio defiende más su poder que el derecho de los estudiantes.
El Ministerio de Educación juega el papel más vergonzoso, simula. Cierra el año escolar como si nada hubiera ocurrido, promueve estudiantes que no recibieron la mitad del contenido y entrega diplomas que son casi una burla. Todo esto para evitar conflictos con el gremio y proteger estadísticas que solo sirven para engañar a la población. El Estado certifica competencias que jamás se impartieron.
Los maestros de vocación —los que sí quieren enseñar— han sido secuestrados por un liderazgo sindical que los empuja al paro, los presiona y los convierte en piezas de una agenda que no han elegido. Un maestro que quiere cumplir su deber es señalado, aislado o marginado por un sistema que prioriza el activismo y no la enseñanza. La ADP castiga a quien quiere dar clases, esa es la tragedia.
Y por qué los partidos políticos no dicen nada? Porque temen al gremio. Porque necesitan su estructura en campaña. Porque saben que un pronunciamiento crítico significa perder apoyo y enfrentar huelgas que pueden costar elecciones. Por eso guardan silencio. No es prudencia, es cobardía. La educación dominicana está secuestrada por un pacto tácito entre políticos y sindicato.
Util para todos menos para los estudiantes
Para el gobierno, sirve para calmar tensiones. Para la oposición, para crear inestabilidad. Y para el gremio, es la forma perfecta de incrementar poder. Todos ganan algo… menos los niños, que pierden el año, el rumbo y el sentido de una educación que nunca llega completa. El sistema ha olvidado quién es la verdadera prioridad.
Cada paro destruye semanas de continuidad pedagógica, rompe ritmos, elimina contenidos esenciales y empuja a los más vulnerables al fracaso. ¿La ADP compensa esas horas? No. ¿El Ministerio exige reposición? No. ¿Los partidos presionan? Nunca. Todo el sistema gira alrededor del sindicato, mientras la escuela pública se convierte en un cascarón vacío con aulas que solo “funcionan” en el papel.
La deserción escolar no surge de la nada, surge de años de paros, retrasos, currículos incompletos, falta de acompañamiento y un sistema que expulsa a los jóvenes más pobres. Después de eso, el país se atreve a juzgarlos como irresponsables por abandonar la escuela. Pero la verdad es brutal, fue la escuela la que los abandonó primero. La deserción es hija directa del fracaso del sistema.
Y luego llega la criminalidad. El país se alarma, se escandaliza y exige mano dura. Pero rara vez menciona lo obvio, jóvenes sin clases, sin guía, sin estructura, sin oportunidades, terminan cayendo en entornos que los absorben. No es casualidad; es consecuencia. Lo que no enseña la escuela, lo enseña la calle. Y ese “aprendizaje” es mucho más rápido… y mucho más peligroso.
La doble moral nacional es casi grotesca. Se toleran años enteros de parálisis escolar, se justifican paros, se defiende el silencio político, pero luego se culpa a los jóvenes de ser violentos o “perdidos”. ¿Qué esperábamos? ¿Disciplina sin estructura? ¿Valores sin ejemplo? ¿Orden sin educación? La criminalidad es una factura que el país se niega a reconocer que él mismo generó.
Hablan del 4% del PIB como si fuera la salvación, pero sin clases no hay inversión que sirva. El dinero sin enseñanza es un fraude social. Las aulas vacías hacen inútil cualquier presupuesto. La verdadera reforma no empieza aumentando fondos, empieza despolitizando la ADP, imponiendo reposición obligatoria de horas perdidas y exigiendo resultados reales, no ceremonias maquilladas.
La República Dominicana debe decidir si sigue tolerando que la educación sea rehén de intereses políticos y gremiales. El país necesita valentía para romper este círculo. No habrá futuro, seguridad ni movilidad social mientras la ADP pueda paralizar un año escolar y los partidos sigan en silencio. Solo recuperando la autoridad, la verdad y el deber educativo podremos salvar a una generación que hoy está cayendo por la grieta abierta entre la política y la irresponsabilidad.
jpm-am
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