La Autora es escritora e ingeniero. Reside en Santo Domingo
POR E. MARGARITA EVE
El debate internacional reabierto en las últimas semanas ha motivado a muchas voces a hablar. Durante mucho tiempo, el silencio fue parte del costo de permanecer. Permanecer en un trabajo, en una industria o en una estructura de poder implicaba tolerar situaciones injustas. Referencias a figuras de alto perfil, como Julio Iglesias —sin que ello implique acusación alguna— sirvieron como detonante.
Este debate responde también a una revisión histórica pendiente. Durante décadas, muchas conductas fueron normalizadas bajo la excusa de la autoridad, la fama o la jerarquía. El movimiento #MeToo marcó un punto de inflexión, pero no cerró la conversación. Persisten resistencias culturales profundas frente a estas realidades que requieren atención continua.
En la República Dominicana, la reactivación del debate motivó a mujeres del ámbito de la comunicación y la vida pública a hablar. Figuras como Mariasela Álvarez, Diulka Pérez, junto a otras presentadoras de televisión y periodistas, compartieron experiencias de acoso ocurridas años atrás en sus antiguos trabajos. En algunos casos, estas vivencias nunca habían sido difundidas.
Que los testimonios correspondan a hechos del pasado no les resta legitimidad. Durante años, no existían mecanismos reales de protección para quienes denunciaban. Hablar implicaba exponerse a represalias personales y profesionales. Hoy, romper el silencio no responde a una moda, sino a un cambio gradual en la conciencia social.
El acoso laboral y sexual no es un fenómeno aislado ni menor. Sus efectos pueden ser profundos y duraderos, afectando la estabilidad emocional, la autoestima y el desarrollo profesional. En mi experiencia personal, enfrenté acoso reiterado en el entorno laboral.
Este fenómeno no afecta únicamente a las mujeres. Existen hombres, muchos de ellos padres de familia, que se han visto obligados a abandonar puestos construidos durante años. Las razones incluyen situaciones de acoso ejercidas por superiores, hombres o mujeres. Estos casos, con frecuencia invisibilizados, confirman que el problema es el abuso de poder.
En las sociedades latinoamericanas, la reacción frente a las víctimas suele ser especialmente dura. Se cuestionan los relatos, se examina la vida personal y se relativiza el daño sufrido. Esta cultura de sospecha no solo revictimiza. También refuerza el silencio como mecanismo de autoprotección.
A nivel internacional, existen marcos que ofrecen una ruta clara. El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece la obligación de prevenir y erradicar la violencia y el acoso en el mundo laboral. Asimismo, promueve mecanismos eficaces de denuncia e investigación. La prevención es una responsabilidad institucional.
El acoso y el abuso de poder siguen siendo una deuda ética que las sociedades no pueden seguir ignorando, por tanto, avanzar hacia la creación de departamentos de prevención y atención no debe verse como una concesión. Es una necesidad urgente en entornos laborales modernos. Investigar denuncias con seriedad protege a las víctimas y fortalece la credibilidad de las organizaciones.
Hablar de consentimiento sigue siendo uno de los mayores desafíos culturales. El consentimiento no se presume ni se negocia bajo presión. Debe ser libre, consciente y reversible. Sin este principio, cualquier relación marcada por desigualdad puede convertirse en abuso.
El sexo ha sido utilizado históricamente como una herramienta de control. Sin embargo, las personas verdaderamente capaces no necesitan recurrir a él para ejercer liderazgo. Romper el silencio incomoda, pero callar perpetúa el daño. Respetar la dignidad humana es un compromiso ético impostergable.
jpm-am
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