El autor es abogado. Reside en Santo Domingo.
POR EDWIN DE LA CRUZ
Hablar de seguridad social en tiempos de Juan Pablo Duarte puede parecer un ejercicio anacrónico. El concepto moderno como sistema organizado de protección frente a riesgos de la vida no existía en el siglo XIX. Sin embargo, su ideario contiene principios que hoy fundamentan cualquier política de protección social.
Duarte concebía la República como una comunidad basada en la justicia y la dignidad. En sus propias palabras: “Sed justos lo primero, si queréis ser felices”. Esta frase no es solo un llamado moral; es una advertencia política: sin justicia social, no hay bienestar colectivo. Desde esa perspectiva, la seguridad social no puede reducirse a un favor o a un negocio, sino que es un deber del Estado hacia sus ciudadanos.
Para Duarte, la ley debía servir al interés general y no a privilegios particulares. Como él decía: “La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernados como los gobernantes”.
Aplicado al presente, esto implica que un sistema de seguridad social que no proteja al trabajador frente a la enfermedad, la vejez o la vulnerabilidad incumple con el principio republicano que defendía.
Además, Duarte enfatizaba que el poder público existe para servir al pueblo: “Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”.
En términos actuales, esto se traduce en garantizar que la protección social alcance a todos, no solo a quienes pueden pagarla o a sectores privilegiados. La obligación del Estado es anticipar riesgos y atender necesidades, cumpliendo con su responsabilidad histórica.
Duarte también sostenía que la dignidad humana es la base de la República: “La verdadera libertad consiste en obrar con justicia y no en ser esclavo de la injusticia”.
Un sistema de seguridad social deficiente o excluyente es, entonces, un obstáculo para la libertad y la justicia que él soñaba. La protección frente a la enfermedad, la cesantía o la vejez no puede depender de la fortuna individual, sino de la acción organizada del Estado en favor de la comunidad.
Hoy, la República Dominicana cuenta con un sistema de seguridad social formal, pero enfrenta desafíos serios: pensiones insuficientes, acceso desigual a la salud y estructuras que favorecen más la rentabilidad financiera que el bienestar humano.
Duarte nos recordaría que la legitimidad de cualquier institución depende de su apego a la justicia y al interés general, no solo de la eficiencia administrativa.
La seguridad social no es un lujo ni un negocio; es un derecho y una obligación del Estado, reformarla, fortalecerla y humanizarla es un deber moral y republicano, porque, como enseñó Duarte, la patria se mide por la justicia que garantiza a quienes la sostienen con su trabajo y su vida.
jpm-am
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