Hoy el Metro de Santo Domingo cumple 17 años. Más que una fecha para celebrar vagones y estaciones, es una oportunidad para reflexionar sobre la institucionalidad que debía acompañar el crecimiento del sistema ferroviario del país. La coincidencia no es menor: también se cumplen 8 años de la Ley 63-17, que ordenó sustituir la OPRET por una Oficina Prestadora de Servicios Ferroviarios, un mandato legal que, a la fecha, sigue sin consolidarse plenamente.
El Metro ha sido, sin dudas, una de las obras de infraestructura más transformadoras del Gran Santo Domingo. Es, sin duda, la prueba fiel de que solo basta voluntad política para aplicar continuidad de Estado, ya que desde su construcción en 2009 los gobiernos siguientes han ampliado su alcance con nuevas líneas. Sin dudas que ha reducido tiempos de traslado, ha mejorado la movilidad urbana y ha demostrado que el país puede ejecutar proyectos complejos con impacto social real. Sin embargo, la sostenibilidad de este logro no depende solo de trenes que lleguen a tiempo, sino de un marco institucional moderno, técnico y coherente con la magnitud del sistema.
El Artículo 356 deroga los decretos que crearon tanto la OMSA como la OPRET —incluyendo el Decreto No. 477-05, que es el que crea la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)— para dar paso a la constitución de nuevas entidades prestadoras de servicios de transporte. No fue un simple cambio de nombre ni un ajuste administrativo. Su espíritu era claro: crear una entidad especializada, con reglas de gobernanza modernas, capaz de gestionar de manera eficiente no solo el Metro, sino todos los sistemas ferroviarios existentes y futuros. Ocho años después, esa visión sigue atrapada entre decretos pendientes, ambigüedades institucionales y una estructura que no termina de alinearse con la ley.
Mientras tanto, el sistema crece. Nuevas líneas, extensiones y proyectos ferroviarios están en agenda o en ejecución. Pero la pregunta clave sigue siendo la misma: ¿estamos construyendo rieles más rápido de lo que fortalecemos la institución que debe operarlos, regularlos y planificarlos a largo plazo?
La falta de consolidación de la Oficina Prestadora de Servicios Ferroviarios no es un tema técnico menor; es una señal de debilidad del Estado para cumplir su propia ley. Y cuando la institucionalidad no avanza al ritmo de la infraestructura, el riesgo no es inmediato, pero sí acumulativo: ineficiencia, duplicidad de funciones, menor transparencia y dificultades para sostener el sistema en el tiempo.
Celebrar 17 años del Metro es justo y necesario. Pero también lo es exigir que se cumpla el marco legal que debía garantizar su gestión eficiente y su futuro. El verdadero aniversario que el país necesita conmemorar no es solo el de una obra física, sino el de una institucionalidad ferroviaria madura, sólida y alineada con la ley.
Porque los trenes pueden avanzar sobre rieles bien puestos, pero sin instituciones firmes, el destino siempre queda en duda.
