Israel aprobó una ley que establece la pena de muerte como condena obligatoria para palestinos juzgados en tribunales militares en Cisjordania por homicidio de ciudadanos israelíes. La medida ha desatado críticas internacionales y plantea interrogantes sobre la discriminación legal y la posible profundización del régimen de apartheid, según Amnistía Internacional. En El Debate de France 24 analizamos las implicaciones de esta polémica ley y sus efectos sobre la Justicia y los Derechos Humanos.
La medida ha encendido las alarmas al consolidar un sistema judicial desigual: mientras los colonos israelíes en territorios ocupados comparecen ante tribunales ordinarios, esta ley impone un régimen excepcional para la población palestina.
Este contraste no solo ha sido cuestionado por organismos de Derechos Humanos, sino también por aliados estratégicos de Israel como Alemania.
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En este contexto debatimos en France 24, ¿es una profundización del apartheid denunciado por Amnistía Internacional o simplemente el peaje político que Benjamin Netanyahu debe pagar a sus socios más radicales?
Para el abogado y especialista en Derecho Internacional Diego Khamis, la respuesta es jurídica: la norma «viola todas las leyes internacionales» y supone un atropello directo al IV Convenio de Ginebra.
Al no ejercer Israel soberanía legal sobre estos territorios, Khamis advierte que la medida excede cualquier límite legal, equiparándola, en términos prácticos, a un «nuevo crimen de guerra».
Israel aprueba condenar a muerte, con horca, a los palestinos de Cisjordania que maten a israelíes
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Por su parte, Alberto Spektorowski, profesor de la Universidad de Tel Aviv, coincide en que la ley «no debería existir» y la define como un movimiento táctico y no operativo.
“Uno no necesita ser palestino ni parte de la comunidad internacional para criticarla; incluso un sionista convencido puede cuestionar esta medida”, Spektorowski, profesor de la Universidad de Tel Aviv en France 24.
Aunque asegura que la Alta Corte de Justicia probablemente bloqueará la iniciativa, subraya que su verdadera función ya se ha cumplido: «Blindar la narrativa de la derecha radical dentro del gabinete».
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