Caso expone violencia infantil difundida públicamente y provoca fuerte indignación social
La justicia dominicana ordenó prisión preventiva contra una mujer acusada de agredir física y verbalmente a su hijo menor durante una transmisión en vivo en redes sociales, un hecho que ha generado conmoción pública y reabierto el debate sobre la protección infantil en el país.
La decisión fue adoptada por la jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago de los Caballeros, quien consideró que los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público evidencian una conducta violenta reiterada contra el menor.
El tribunal dispuso que la imputada cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, mientras continúa el proceso judicial.
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Violencia exhibida públicamente
La investigación establece que la mujer —cuya identidad se mantiene en reserva para proteger al niño— habría cometido abuso físico y psicológico contra su hijo, de apenas un año y cinco meses de edad, mientras realizaba una transmisión en vivo en plataformas digitales.
Los videos incorporados al expediente muestran cómo la agresora golpea al menor en varias ocasiones y lo reprende verbalmente, mientras intenta justificar su comportamiento responsabilizando al propio niño de provocarla.
Para el tribunal, la gravedad del hecho no solo radica en la agresión, sino también en su exposición pública, ya que el acto violento fue difundido en tiempo real ante un público conectado a las redes sociales.
Las autoridades subrayaron que situaciones de esta naturaleza no pueden ser normalizadas ni minimizadas, especialmente cuando involucran a víctimas en condiciones de extrema vulnerabilidad.
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Protección inmediata del menor
El Ministerio Público calificó los hechos como violaciones a varias disposiciones legales, entre ellas artículos del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como normas sobre violencia intrafamiliar.
La investigación está bajo la responsabilidad de la fiscalizadora Danioska García, integrante de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Heidys de León destacó que la violencia verbal también deja profundas secuelas emocionales, especialmente en menores de edad, cuyas consecuencias pueden requerir largos procesos terapéuticos.
Actualmente, el niño se encuentra bajo protección de las autoridades, mientras especialistas realizan evaluaciones continuas para garantizar su bienestar físico y psicológico.
El caso ha reavivado la discusión pública sobre el impacto de la violencia infantil en entornos digitales y la responsabilidad de la sociedad frente a conductas que vulneran derechos fundamentales de los menores.
