¿En qué consiste el nuevo estado de excepción declarado en Ecuador?

No es una medida nueva pero extiende la sensación de urgencia en Ecuador . El presidente Daniel Noboa recurrió una vez más al estado de excepción, medida que volvió a dictar bajo decreto a última hora del jueves 2 de abril para nueve de las 24 provincias del país, además de cuatro municipios situados en otras tres provincias.

Considerando que existe una "grave conmoción interna" en el marco de la lucha contra el crimen organizado , el mandatario renovó la medida que regía desde enero y que incluye a la capital Quito y a Guayaquil, las dos principales ciudades del país, que entre ambas reúnen a 7 millones de los cerca de 18 millones de habitantes del país andino.

El decreto alcanza a las provincias de Pichincha (donde se encuentra Quito), Guayas (donde está Guayaquil), Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, además de los cantones de La Maná (provincia de Cotopaxi), Las Naves, Echeandía (ambas en Bolívar) y La Troncal (Cañar).

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El alcance del nuevo estado de excepción en Ecuador Bajo el estado de excepción, las Fuerzas Armadas , que habitualmente se dedican a la seguridad externa, son desplegadas para realizar operaciones de seguridad pública, contra las organizaciones criminales y en coordinación con la Policía .

El régimen dispone, asimismo, la suspensión de los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, lo que permite a la fuerza pública realizar allanamientos e interceptar comunicaciones físicas, digitales o encomiendas, sin contar con una autorización judicial previa, cuando existan sospechas de delitos vinculados a la conmoción interna.

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A diferencia de lo que ocurrió con el anterior estado de excepción, cuando rigió un toque de queda nocturno durante 15 días en cuatro provincias, en esta ocasión no se implementará esa restricción a la libre circulación.

En todos los casos, advierte el decreto, las fuerzas de seguridad deberán cumplir los principios de necesidad, proporcionalidad y debido proceso, principios que, bajo estos regímenes de militarización de la seguridad pública, no siempre se respetan.

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Los motivos del Gobierno de Noboa para el nuevo decreto La declaratoria de 54 páginas responde, según el Gobierno de Noboa, a la presencia en las zonas afectadas de corredores de narcotráfico y a un incremento en los casos de extorsiones y asesinatos selectivos.

Justificándose en un informe de inteligencia del 1 de abril de 2026, el Ejecutivo sostiene que "la violencia en Ecuador no afecta de forma homogénea, sino que se focaliza en ciertas regiones" y que persiste una violencia estructural "que sobrepasa las capacidades del Estado bajo un régimen ordinario".

Además destaca que "las economías ilícitas de las organizaciones criminales" están "diversificando sus operaciones y consolidando su poder económico y territorial" mediante actividades como " minería ilegal, narcotráfico, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, extorsión y secuestro , tráfico de hidrocarburos, lavado de activos, contrabando, entre otros".

Las provincias alcanzadas por la medida están situadas, mayormente, en la costa del país, donde las grupos criminales se dedican sobre todo al tráfico hacia Europa y Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína producida principalmente en Colombia .

Es el caso de Esmeraldas y El Oro, que están en la frontera con Colombia y Perú , respectivamente, así como Guayas (donde se ubica Guayaquil), Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. A ellas se suman Pichincha, donde se encuentra Quito, y la provincia amazónica de Sucumbíos, también en el límite con Colombia.

En estas últimas zonas se produjeron recientemente ataques militares, con colaboración de Estados Unidos, para destruir supuestos campamentos de los Comandos de la Frontera, facción disidente de la extinta guerrilla colombiana de las FARC.

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Organizaciones advierten del deterioro de los Derechos Humanos El estado de excepción es una herramienta a la que el presidente Daniel Noboa ha recurrido en reiteradas ocasiones desde que declaró la "guerra" al crimen organizado en 2024. El alcance de la medida ha variado cada vez, llegando en un punto a abarcar a todo el territorio del país.

El Gobierno ecuatoriano defiende la medida como una forma de facilitar el combate contra las bandas criminales y, a la vez, resguardar a la ciudadanía. Sin ir más lejos, este miércoles 1 de abril, aseguró que en marzo se redujeron en un 28% los homicidios a nivel nacional, cifra que adjudicó a la implementación del toque de queda nocturno en cuatro provincias, entre el 15 y 30 de ese mes.

Sin embargo, las acciones del Ejecutivo no han evitado que 2025 cerrara como el año más violento de la historia de Ecuador, que lo llevó a estar a la cabeza del índice de homicidios en América Latina , con más de 50 por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, organizaciones advierten que el régimen de excepción ha debilitado la protección de los Derechos Humanos en Ecuador. En un informe de marzo , Civicus, una alianza global de organizaciones de la sociedad civil, ubicó al país andino entre los cinco con un "rápido declive en su espacio cívico", junto a Irán , Filipinas , Benín y Georgia .

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Aceptar Gestionar mis opciones Según el reporte, "las condiciones del espacio cívico en Ecuador se han deteriorado rápidamente a medida que el Gobierno ha recurrido a una respuesta de seguridad militarizada para hacer frente a la violencia del crimen organizado, expandiendo los poderes militares y limitando las libertades fundamentales".

El informe alertó de la " represión violenta" a las protestas de finales de 2025 contra la eliminación del subsidio al diésel y la "estigmatización y criminalización" de las organizaciones indígenas que encabezaron esas manifestaciones; así como acciones que ponen en peligro la libertad de asociación y de prensa, incluyendo la nueva Ley de Transparencia Social, que las organizaciones civiles denuncian como un intento de limitar su trabajo.

En diálogo con Radio Pichincha , Ana María Palacios, investigadora para las Américas de Civicus, señaló que "no son hechos aislados", sino que existe un patrón de "prácticas represivas y restricciones sistemáticas al derecho a defender derechos en Ecuador".

Asimismo, detalló que una delegación internacional realizó recientemente una visita a Ecuador y documentó más de 500 personas heridas en el contexto de protestas, alrededor de 200 detenciones arbitrarias y al menos 61 procesados por delitos como terrorismo.

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Con EFE y medios locales

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