El proceso estaba destinado a la contratación del servicio de recolección de residuos sólidos en ese municipio, dijo la DGCP en una nota.
«Durante la revisión del proceso, la DGCP identificó irregularidades graves que comprometen la transparencia, la legalidad y la objetividad del procedimiento, entre las que figuran, la ausencia del acto de aprobación del informe de evaluación técnica, requisito esencial para la habilitación formal del oferente adjudicado», agregó el organismo.
EVALUACIÓN TÉCNICA RESULTÓ INSUFICIENTE Y ARBITRARIA
Contrataciones afirmó que tomó esa decisión luego de una investigación realizada a partir de la solicitud presentada por la empresa KWC Waste Management Solutions, conforme a las atribuciones legales que la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas otorga al órgano rector.
Asimismo, se verificó que la evaluación técnica resultó insuficiente y arbitraria, pues no examinó las especificaciones técnicas ni las capacidades técnicas y financieras previstas en el pliego de condiciones, elementos indispensables para garantizar la adjudicación de los contratos basado en criterios objetivos y no discrecionales.
A ello se suma una inconsistencia crítica en la fase de planificación, ya que el procedimiento fue inicialmente configurado por un monto total estimado de 107,000,000 millones de pesos, mientras que el contrato suscrito asciende a 320,999,999 pesos.
VALOR CONTRACTUAL TRIPLICÓ MONTO COMUNICADO
«Esto implica que el valor contractual triplicó el monto comunicado al sistema y a los potenciales oferentes, lo cual representa una vulneración directa a los principios de transparencia, publicidad y libre competencia», aseguró Contrataciones Públicas.
La DGCP informó que también se detectaron errores formales en el uso de la modalidad «comparación de precios» y en la referencia al derogado reglamento 543-12 que, aunque no constituyen la causa principal de la nulidad, sí refuerzan la falta de rigor procedimental evidenciada.
El órgano rector explicó que, debido a que el objeto del contrato corresponde a la recolección de residuos sólidos, un servicio esencial vinculado al derecho a la salud y a la protección del medio ambiente dispuso que la nulidad tenga efectos diferidos.
SEGUNDA VEZ ANULACION POR IRREGULARIDADES
En consecuencia, el contrato se mantendrá vigente por un plazo de 45 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución 0161-2025, período durante el cual el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís deberá convocar y llevar a cabo un nuevo procedimiento de contratación conforme a la Ley 340-06 y el reglamento 416-23.
Durante ese tiempo, además, deberá garantizar la continuidad del servicio y reconocer al proveedor actual los pagos por los compromisos efectivamente ejecutados.
La DGCP recordó que esta es la segunda ocasión en que advierte irregularidades «sustanciales» y anula contrataciones para la recolección de desechos sólidos de ese ayuntamiento con la razón social RJC Clear, pues en mayo de 2021, el órgano rector anuló un procedimiento de urgencia como resultado de una investigación de oficio.
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