Autoridades española ordenan disminuir investigación de la esposa de Pedro Sánchez

La justicia española ordenó este lunes al juez que investiga el caso de tráfico de influencias y corrupción del que se acusa a Begoña Gómez, esposa del mandatario de ese país, Pedro Sánchez, que limite el radio de las búsquedas, pero no que guarde totalmente la causa, como lo había solicitado la sospechosa.

La Audiencia Provincial de Madrid estimó “en parte” el recurso de la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, y ordenó al juez Juan Carlos Peinado aparcar la investigación de uno de los casos por los que está imputada la esposa del dirigente socialista “en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio”, afirma la resolución judicial.

El caso que la justicia ordenó dejar fuera de la causa es el llamado Globalia, una empresa a la que se le adjudicó un contrato de agencia de viajes para el Estado.

Acusación

Licenciada en marketing y con un máster en gestión, Gómez es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido para conseguir favores de empresas, en particular de las de Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también es investigado.

Barrabés admitió ante el juez haberse reunido con Gómez en varias ocasiones en la Moncloa, dos de ellas en presencia de Sánchez, pero afirmó que esos últimos encuentros versaron sobre temas de innovación.

Peinado, quien abrió la causa ante una denuncia de un colectivo cercano a la extrema derecha, Manos Limpias, ha proseguido con la investigación pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades y contra la opinión de la Fiscalía, que ya había pedido el archivo del expediente.

Cuando se conoció la causa a finales de abril, Sánchez anunció sorpresivamente que estaba considerando renunciar, alegando que el caso era una maniobra para derribarlo. Tras cinco días de reflexión, decidió mantenerse en la Moncloa.

Sánchez fue citado como testigo por Peinado, que se desplazó a la Moncloa para tomarle declaración, pero el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar por ser el esposo de la investigada.

Tanto él como su esposa han demandado a Peinado por prevaricación.