Donald Trump desafía al Supremo y asegura que impondrá nuevos aranceles del 10%

Donald Trump promete adoptar medidas aún más severas en materia arancelaria tras el fallo de la Corte Suprema.

Horas después de que el alto tribunal anunciara que invalida los aranceles «recíprocos» impuestos por el mandatario a decenas de países bajo una ley de poderes de emergencia, el líder republicano sostuvo que no solo mantendrá las tasas aduaneras ya aplicadas, sino que establecerá nuevos aranceles globales del 10%.

En una rueda de prensa, el mandatario estadounidense calificó el fallo de la Corte Suprema de «profundamente decepcionante» y calificó de «una vergüenza para nuestra nación» a los seis jueces que rechazaron su política arancelaria, entre los que se encuentran Amy Coney Barrett, nominada por él.

Tras tildarlos de «muy antipatriotas y desleales», acusó sin pruebas a los magistrados de estar influenciados «por intereses extranjeros y un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar».

Luego de despotricar porque «no puedo cobrar ni siquiera un dólar», Trump anunció que impondrá aranceles globales del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15 % durante un máximo de 150 días en respuesta a un desequilibrio comercial.

Asimismo, anunció la apertura de una investigación bajo la Sección 301 para «proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas».

“Hay métodos aún más sólidos a mi disposición (…) Los países no podrán celebrar por mucho tiempo”, declaró en tono desafiante y subrayó que estas serán utilizadas «para sustituir las que el tribunal rechazó incorrectamente».

Continuando con su desafío al Supremo, el líder de la Casa Blanca declaró que no tiene por qué pedir permiso al Congreso para tomar decisiones sobre la economía del país, que él justifica en simultáneo como medidas de “seguridad nacional”.

Respondió así a uno de los argumentos del fallo de la Corte: los jueces, en un fallo de 6 a 3, dictaminaron que el uso de la ley de poderes de emergencia, de 1977, por parte del presidente excedió su autoridad. Por tanto, consideran que el mandatario violó la ley federal al imponer esa medida generalizada de manera unilateral, sin consultar al Legislativo.

La sentencia del Supremo invalida los llamados aranceles «recíprocos» y otros gravámenes generalizados que Trump impuso amparándose en la IEEPA sobre casi todos sus socios comerciales, con un piso mínimo del 10%, justificados como una corrección de supuestas desigualdades en las relaciones.

Esos incluyen los aumentos de hasta un 50% a Brasil e India (en represalias por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente), el 25% aplicado a ciertas importaciones de Canadá y México y el 10% a China que la Casa Blanca vinculó a la supuesta insuficiencia de acciones contra el tráfico de fentanilo y otras drogas.

Sin embargo, el fallo no afecta los aranceles sobre el acero, el aluminio ni otras tarifas adoptadas bajo otras leyes comerciales y de seguridad, a las que podría recurrir para tratar de sostener los gravámenes anulados por la sentencia del máximo tribunal.

Dos de las principales alternativas, que Trump ya ha utilizado para aplicar aranceles, son la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

En el primer caso, se aplica para castigar a países a los que Estados Unidos acusa de incurrir en prácticas comerciales «injustificables», «irracionales» o «discriminatorias» y ha sido la punta de lanza de Trump contra China. Y el segundo contempla las tarifas a importaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional.

Para aplicar cualquiera de esas herramientas, de todas maneras, la Casa Blanca debe llevar a cabo una investigación y, en general, celebrar una audiencia pública.

«No es que los aranceles vayan a desaparecer. Simplemente estarán bajo un paraguas diferente», afirmó a Reuters Ted Murphy, codirector del departamento de arbitraje global, comercio y defensa de Sidley Austin.

No obstante, el revés del Supremo –de mayoría conservadora y habitualmente favorable al republicano– envía un mensaje claro: esas facultades tendrán que ejercerse dentro de límites concretos y sin que las leyes sean un pretexto para saltarse al Congreso en la redefinición de la política arancelaria.

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Para los jueces, la Constitución «no otorga» poder al Ejecutivo para imponer aranceles

Leyendo el fallo en representación de la mayoría, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, señaló que la Constitución estadounidense brinda «muy claramente» al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles, pero «los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Ejecutivo».

En ese sentido, la Administración Trump argumentó que la llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977, que habilita al presidente a regular las importaciones durante emergencias, también le permite establecer aranceles. De hecho, otros mandatarios la han invocado decenas de veces, a menudo para imponer sanciones, pero Trump fue el primero en apelar a ella para establecer impuestos a las importaciones.

Para la mayoría de jueces, «el hecho de que ningún presidente haya encontrado jamás tal facultad en la IEEPA es una prueba contundente de que no existe».

La discrepancia con el fallo la plantearon los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh. Este último señaló que «los aranceles en cuestión pueden o no ser una política acertada», pero «a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales».

Otro de los argumentos planteados por la Administración Trump era que, al ser parte de un enfoque en política exterior, los tribunales no deberían cuestionar al presidente. Pero los jueces del Supremo restaron importancia a esa afirmación, señalando que las implicaciones en política exterior no alteran el principio legal.

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Bruselas insta a rebajar los aranceles; empresarios dudan sobre indemnizaciones

En una de las primeras reacciones internacionales al fallo de la Corte Suprema, la Comisión Europea reclamó a Estados Unidos que reduzca sus aranceles a productos europeos, fijados en un 15% en el verano pasado tras una acuerdo para evitar una guerra comercial.

«Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos», afirmó el portavoz de Comercio del ejecutivo comunitario, Olof Gil.

Entretanto, Canadá, el país del G7 más afectado por las tarifas estadounidenses, aplaudió el fallo. El ministro Dominic LeBlanc, a cargo de las relaciones comerciales con EE. UU., afirmó en sus redes sociales que la decisión «refuerza» la posición canadiense de que los aranceles de la IEEPA «son injustificados».

A nivel interno, legisladores, tanto demócratas como republicanos, celebraron el fallo. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lo calificó de «una victoria para las billeteras de cada consumidor estadounidense», mientras que la senadora republicana por Maine, Susan Collins, destacó que la sentencia «reafirma que solo el Congreso tiene la autoridad constitucional de imponer tarifas».

Por su parte, empresarios se dividen entre la satisfacción por el fallo y la cautela sobre la posibilidad de buscar reembolsos por los más de 175 mil millones de dólares recaudados por la Administración Trump en aranceles, según estimaron economistas del Modelo Presupuestario de Penn-Wharton.

En este sentido, el fallo no abordó si las empresas podrían obtener esa retribución, por la que varias empresas, incluida la cadena de grandes almacenes Costco, ya han presentado demandas en tribunales. Ese proceso podría ser complicado, alertó el juez Brett Kavanaugh, alineado con Trump

«El Tribunal no dice nada hoy sobre si el Gobierno debería proceder a devolver los miles de millones de dólares que ha cobrado a los importadores, ni de cómo hacerlo. Pero es probable que ese proceso sea un desastre, como se reconoció en los argumentos orales», escribió.

Nabeel Yousef, socio del bufete Freshfields, señaló a Reuters que, incluso con la sentencia del viernes, no es probable que «el lunes las compañías empiecen a recibir cheques por correo». 

«Las empresas se enfrentan al reto de recopilar datos detallados de importación para calcular los aranceles pagados bajo diversos regímenes, aplicados en distintos períodos. Incluso las multinacionales pueden no tener todos sus datos perfectamente organizados», recalcó.

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Con Reuters, AP y EFE