Un diagnóstico urgente La corrupción sistémica que carcome al Estado dominicano no se limita a la malversación de fondos públicos, sino a un entramado político-clientelar que distorsiona los valores de la función pública, degrada la meritocracia y socava la confianza ciudadana.
Este artículo examina sus síntomas más visibles y los mecanismos que perpetúan esta enfermedad institucional, así como la urgencia de aplicar un tratamiento profundo y sostenido. Prácticas que alimentan este mal Un método degradante se ha convertido en conducta: funcionarios que nombran en cargos bien remunerados a allegados, concubinas o socios políticos sin méritos ni experiencia comprobada.
A esto se suma la extracción de fondos procedentes de operaciones oscuras, mediante dinero por fuera, en mordidas constantes, encubiertas pero conocidas, porque nada es totalmente secreto. Otra práctica extendida es el uso de intermediarios o empresas de fachada para obtener contratos estatales en condiciones de privilegio. Se crean estructuras que jamás habrían sido favorecidas en el mercado privado por falta de solvencia o trayectoria.
De estas operaciones se fondean campañas políticas, redes de influencia y fortunas personales. Así, la economía deja de premiar el esfuerzo y se rinde ante el amiguismo y el tráfico de favores. Tratamientos contraproducentes El proyecto del Tren Metropolitano o Monorriel de Santo Domingo es un ejemplo de terapia mal administrada: un tratamiento que en lugar de sanar, agrava el cuadro.
Cambió varias veces de modalidad y marco legal —de APP rechazada a obra estatal y luego a licitaciones fragmentadas—, pero con los mismos actores alrededor. Aunque el ministro Paliza defendió la iniciativa afirmando que habría veedores y supervisión internacional, la participación de Systra, empresa pública francesa vinculada a la SNCF, genera dudas sobre la real independencia del proceso.
Terapia fallida: una justicia que no cura La justicia dominicana no ha funcionado como un mecanismo terapéutico eficaz, porque sigue condicionada por intereses políticos. Cada gobierno ha utilizado el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como instrumento de control, repitiendo un patrón que convierte la designación y evaluación de jueces en un ejercicio partidario.
El caso reciente de tres magistrados separados de la Suprema Corte bajo el alegato de “no haber pasado la evaluación” reavivó el debate sobre si el CNM actúa según criterios técnicos o conveniencias políticas. FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán y Jorge Subero Isa han advertido que el modelo actual se presta a manipulación y vulnera la independencia judicial.
Julio Aníbal Suárez recordó que “la inamovilidad de los jueces no es un privilegio, sino un derecho de los ciudadanos”. En un sistema donde quien controla el CNM designa y quien disiente desaparece, la independencia judicial no es una conquista asegurada, sino una batalla constante.
Protocolo de tratamiento Combatir esta enfermedad estructural exige auditar nóminas, contratos y consultorías; transparentar los fideicomisos públicos y aplicar sanciones ejemplares. Como en medicina, los tumores deben extirparse a tiempo y la vigilancia debe ser continua. La fortaleza de un gobierno no se mide por cuántos aliados conserva, sino por su capacidad de corregir y sobrevivir con integridad.
Tumores localizables: extirpar, prevenir y controlar El tratamiento debe iniciar por las áreas donde el daño es más visible: las compras o contrataciones por excepción, las nóminas estatales, las consultorías y los viajes oficiales.
- Auditorías de nóminas. Revisar con criterios de mérito y transparencia para detectar nepotismo, duplicidades o cargos creados para favores políticos. Cada entidad debería publicar trimestralmente su nómina con nombre, cargo, salario y función.
- Licitaciones públicas. Con la entrada en vigor de la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones, garantizar planificación clara, árbitros imparciales y adopción de estándares OCDE. Solo así podrá contenerse el cáncer de la corrupción.
- Contrataciones por excepción. Requieren justificación verificable; argumentos genéricos como “urgencia” o “proveedor único” sin respaldo técnico deben considerarse faltas administrativas.
- Consultorías. El gasto en asesorías externas es un mecanismo de drenaje del erario,
utilizado para esquivar el proceso de nómina y los topes del escalafón salarial. Es
imprescindible hacer más riguroso el proceso e incluir resultados medibles. Mantener
consultores fijos con honorarios mensuales es un lujo que el Estado dominicano no puede
permitirse. - Viajes oficiales. Deben responder a necesidades reales de representación o capacitación,
con un proceso ágil de evaluación sobre quiénes participan y por qué. Las autorizaciones,
costos y resultados deben publicarse, y cada misión rendir un informe que justifique el
gasto.
